Un fallo judicial por violaciones a los derechos humanos reveló graves torturas cometidas por integrantes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) en Temuco durante 1974, incluyendo detenciones ilegales, apremios ilegítimos y testimonios sobre violencia sexual extrema en dictadura.
Torturas contra aspirantes a Carabineros y condena judicial
Un fallo dictado por el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa, condenó a dos exoficiales de Carabineros por su responsabilidad como encubridores de delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos cometidos en agosto de 1974 en la Segunda Comisaría de Temuco.
Las víctimas fueron cinco jóvenes postulantes al curso regular del Grupo de Instrucción de Carabineros, quienes habían sido citados tras ser seleccionados para ingresar a la institución. Sin embargo, una vez en la unidad policial, fueron acusados de ser infiltrados y sometidos a golpes, amenazas de fusilamiento y torturas durante casi tres días.
Según testimonios judiciales, los aspirantes fueron desnudados, golpeados reiteradamente y sometidos a agresiones físicas graves, incluyendo golpes en la columna, tórax y abdomen, además de lesiones provocadas con armas blancas. Tras ser enviados a la Fiscalía Militar y posteriormente a la cárcel pública, recuperaron la libertad después de dos meses, con la recomendación de no denunciar los hechos.
El fallo condenó a los exoficiales Gonzalo Figueroa Nieto y Jonhson Catalán Macaya a penas de presidio por su rol en el encubrimiento de estos delitos, mientras otros exuniformados negaron conocimiento de los hechos durante las investigaciones.
Testimonios sobre violencia sexual y crímenes no registrados
El fallo también reproduce declaraciones de exfuncionarios policiales que describen el funcionamiento del desaparecido Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) en Temuco, el cual operaba dentro de la Segunda Comisaría y era acusado de realizar detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Uno de los testimonios más graves corresponde al exsuboficial Pedro Larenas, quien relató haber presenciado en 1974 la tortura y muerte de una niña de entre 11 y 12 años, a quien se le habría introducido una manguera de alta presión en la zona genital, provocándole una fatal inflamación abdominal. Este caso no figura en registros oficiales de violaciones a los derechos humanos, ni existen antecedentes judiciales formales hasta la fecha.
Asimismo, el fallo consigna antecedentes sobre la ejecución del estudiante de medicina ecuatoriano José Félix García Franco, detenido en 1973 y posteriormente asesinado por agentes del SICAR, crimen por el cual varios uniformados fueron condenados en procesos anteriores.
La sentencia también menciona otro caso de tortura sexual documentado judicialmente, donde un detenido fue sometido a descargas eléctricas y a la introducción de agua a presión en sus genitales, logrando sobrevivir.
Expertos en derechos humanos señalan que la violencia sexual fue utilizada sistemáticamente durante la dictadura como método de represión, aunque su reconocimiento jurídico ha sido limitado en las sentencias chilenas, lo que refleja una deuda pendiente del sistema judicial en materia de justicia transicional.