La Corte de Apelaciones de Temuco dio curso al recurso presentado por el concejal de Padre Las Casas, abriendo un debate judicial sobre los límites del rol fiscalizador municipal y el alcance del control democrático en los municipios del país.
La decisión judicial abre un debate nacional sobre el alcance del rol fiscalizador de los concejos municipales y el control democrático en las administraciones locales.
La Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible el recurso de protección presentado por el concejal de Padre Las Casas, Miguel Santana, en contra del dictamen D148/2026 emitido por la Contraloría General de la República, resolución que establece límites al ejercicio de la función fiscalizadora de los concejales.
En su resolución, el tribunal ordenó al organismo contralor evacuar un informe en un plazo de ocho días, acompañando todos los antecedentes relacionados con el dictamen cuestionado, dando inicio formal a la tramitación judicial del caso.
Debate por alcance de la fiscalización municipal
El dictamen impugnado señala que las labores fiscalizadoras deben desarrollarse mediante mecanismos formales, restringiendo acciones directas en dependencias municipales sin autorización previa de la autoridad comunal.
Esta interpretación ha generado preocupación entre autoridades locales y actores del mundo municipal, quienes advierten que podría producirse un debilitamiento del rol fiscalizador de los concejos municipales, función considerada clave para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.
“El hecho de que la Corte haya declarado admisible este recurso demuestra que existe un fundamento jurídico serio que debe revisarse en profundidad. Este es un paso importante para abrir un debate necesario sobre el alcance real de las facultades fiscalizadoras de los concejales”, señaló Santana.
Consejo de Defensa del Estado se incorpora a la causa
El concejal destacó además que el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte formal del proceso judicial en representación de la Contraloría Regional de La Araucanía, asumiendo la defensa jurídica del dictamen cuestionado.
“Que el Consejo de Defensa del Estado haya ingresado a la causa confirma la relevancia institucional de este proceso y demuestra que estamos frente a una discusión de fondo que podría tener efectos en municipios de todo el país”, afirmó.
Impacto nacional del proceso judicial
Desde el municipio de Padre Las Casas, el edil sostuvo que la acción judicial busca resguardar la autonomía fiscalizadora de los concejos municipales y fortalecer el principio de control democrático dentro de las administraciones comunales.
Según indicó, la admisibilidad del recurso constituye un primer paso para que los tribunales determinen si las restricciones establecidas por la Contraloría se ajustan plenamente a la legislación vigente y al interés público.
El proceso podría sentar un precedente relevante respecto del equilibrio entre control institucional y autonomía municipal, tema que ya comienza a generar atención en distintas comunas del país.