La Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de Lonquimay reincorporar a 16 asistentes de la educación despedidos, tras determinar que sus desvinculaciones no se ajustaron a derecho por falta de justificación legal suficiente.
La Contraloría General de la República instruyó a la Municipalidad de Lonquimay a reincorporar de forma inmediata a 16 asistentes de la educación que habían sido desvinculados durante un proceso de ajuste de personal en el sistema educativo municipal.
El organismo fiscalizador concluyó que el término de sus contratos no se ajustó a derecho, ya que no se acreditaron los fundamentos legales necesarios para justificar su despido.
Déficit presupuestario no justifica los despidos
El municipio argumentó un déficit presupuestario en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), respaldado por una auditoría externa que habría detectado sobredotación de personal.
Sin embargo, la Contraloría determinó que este motivo no cumple con la causal legal invocada, establecida en la letra b) del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.109.
Dicha norma exige procesos de reestructuración, fusión o cierre de establecimientos, situación que no se verificó en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2026.
Municipio deberá restituir funciones y pagar remuneraciones
El dictamen ordena dejar sin efecto las resoluciones de cese de funciones y reincorporar a los trabajadores en sus cargos.
Además, la Municipalidad de Lonquimay deberá pagar las remuneraciones y beneficios no percibidos desde la desvinculación hasta su efectiva reincorporación.
El alcalde Eduardo Yáñez señaló que “esto es parte de la legalidad que uno tiene que cumplir”, agregando que se instruyó la restitución de los trabajadores conforme al dictamen.
La Contraloría también solicitó al municipio informar el cumplimiento de la medida dentro de los plazos establecidos.