Miles de consumidores enfrentan obstáculos para cancelar servicios contratados de forma remota. Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca terminar con estas prácticas, obligando a las empresas a permitir la baja inmediata por el mismo canal de contratación y prohibiendo cobros posteriores a la solicitud del usuario.
Iniciativa busca garantizar que las personas puedan poner fin a contratos de servicios por la misma vía rápida en que los contrataron, evitando trabas, cobros indebidos y exigencias presenciales.
El diputado por La Araucanía, José Montalva (PPD), junto a un grupo transversal de parlamentarios encabezados por el diputado Carlos Cuadrado Prats (PPD), presentó un proyecto de ley que busca fortalecer los derechos de los consumidores y poner fin a las dificultades que enfrentan miles de personas al intentar cancelar servicios contratados de manera remota.
La moción propone modificar la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores para establecer que todo contrato celebrado por teléfono, internet, aplicaciones móviles u otros mecanismos digitales pueda ser terminado por el mismo canal utilizado para su contratación o mediante otro de igual o menor complejidad.
Según explicó Montalva, la iniciativa apunta a eliminar una práctica frecuente en el mercado, donde las empresas facilitan la contratación de servicios, pero imponen múltiples obstáculos cuando los clientes desean ponerles término.
“¿Se han dado cuenta de lo que pasa cuando uno quiere terminar con un servicio de televisión por cable o internet? La empresa te dice que sí, pero te exige llevar el módem y todos los implementos a una sucursal presencial, y mientras haces ese trámite, te siguen cobrando meses adicionales. Lo que viene a hacer este proyecto de ley es modificar la normativa de protección al consumidor para que no existan más estos contratos amarrados. Desde el día en que la persona manifiesta su voluntad, el contrato queda terminado”, afirmó el parlamentario.
Por su parte, el diputado Carlos Cuadrado Prats señaló que el objetivo es equilibrar la relación entre empresas y consumidores.
“El objetivo de este proyecto de ley es nivelar la cancha, que la misma libertad que tienen las empresas para generar contratos también la tengan los ciudadanos para desafiliarse de ese contrato. Habitualmente sucede que uno contrata por teléfono o internet de forma fácil, y para salirse exigen firmas presenciales o certificados, dificultando el término del vínculo”, sostuvo.
Baja en un día hábil y fin de los cobros posteriores
La propuesta establece una serie de obligaciones para las empresas proveedoras de servicios. Entre ellas, registrar inmediatamente la solicitud de término del contrato, entregar una constancia verificable al consumidor y ejecutar la baja dentro del plazo máximo de un día hábil.
Asimismo, prohíbe expresamente continuar realizando cobros una vez que el usuario haya manifestado válidamente su voluntad de terminar el contrato.
El proyecto también impide que las compañías condicionen la baja a trámites presenciales, explicaciones obligatorias, llamadas de retención, aceptación de nuevas ofertas o reconocimiento de deudas pendientes.
Multas de hasta 150 UTM
La iniciativa contempla sanciones para las empresas que incumplan estas disposiciones. En concreto, establece multas de hasta 150 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para quienes dificulten, retrasen o condicionen el término de los contratos.
Además, obliga a restituir los montos cobrados indebidamente con reajustes e intereses cuando estos se hayan efectuado después de la solicitud de cancelación realizada por el consumidor.
Junto a José Montalva y Carlos Cuadrado Prats, el proyecto fue firmado por los diputados Pamela Jiles, Andrea Parra, Carlos Carvajal, Carlos Bianchi, Patricio Pinilla, Raúl Soto y Héctor Ulloa, quienes respaldaron la iniciativa orientada a fortalecer la protección de los derechos de los consumidores en Chile.