por Viviana Diaz Carvallo
Presidenta y Fundadora Fundación Karun
Resulta profundamente paradójico que, bajo el legítimo propósito de acelerar la reconstrucción, se impulsen normas que flexibilizan permisos y reducen exigencias ambientales. La reconstrucción no puede convertirse en un atajo para debilitar precisamente las herramientas destinadas a prevenir la próxima tragedia. Pero para debilitar algo primero hay que restarle importancia, y eso es justamente lo que hemos visto, autoridades que, por ignorancia o por simple conveniencia política, hablan de los humedales como si fueran terrenos ociosos esperando ser aprovechados, y no lo que realmente «esponjas naturales» que absorben y almacenan el exceso de agua durante lluvias intensas y crecidas de ríos.
El propio Presidente lo dijo con una liviandad que debiera preocuparnos: su padre tenía un campo que “podría ser declarado humedal, porque es todo húmedo”. Semanas antes, el ministro de Vivienda había calificado de “una locura” la Ley de Humedales Urbanos en medio de la discusión por un proyecto habitacional estancado en Valdivia. Son declaraciones que buscan aplausos fáciles frente a un déficit habitacional real, pero que revelan algo más de fondo; la convicción de que un humedal es un obstáculo burocrático y no un sistema hídrico que, tarde o temprano, va a reclamar su espacio.
Cuando se autoriza construir sobre humedales, esteros, quebradas o zonas inundables, el riesgo no desaparece; solo se traslada. Y no se traslada a cualquiera. Se traslada, casi siempre, a las familias más vulnerables, las que terminan en el terreno más barato porque es el único accesible, el que nadie más quiso porque ya sabía lo que significaba construir ahí. Eso también es inequidad ambiental, no solo quién contamina y quién respira ese aire, sino también quién decide dónde se levantan las viviendas sociales y quién termina viviendo en la ruta que el agua ya había trazado hace siglos. El riesgo climático no se reparte parejo.
Los incendios forestales que han golpeado al país se han cobrado cientos de vidas, entre ellas las de bomberos y brigadistas que lo entregaron todo combatiendo el fuego. Miles de familias perdieron sus viviendas y comunidades enteras vieron desaparecer sus barrios. Frente a esa realidad, la respuesta del Estado no debiera ser bajar los estándares de protección, sino elevarlos.
Vale la pena recordarlo las leyes ambientales que hoy se flexibilizan no nacieron de un capricho burocrático. Son el resultado de años de trabajo de comunidades, organizaciones ambientales, ONG y equipos científicos que pusieron a disposición del país su conocimiento, su. Y ese trabajo hoy se desmantela, por políticos que ignoran o prefieren ignorar su verdadera importancia. No es simplificar el Estado, es desechar el conocimiento colectivo que Chile tardó años en construir.
La verdadera paradoja está en pretender reconstruir el país debilitando las herramientas que podrían evitar la próxima tragedia, mientras quienes tienen el poder de decidir siguen hablando de humedales, esteros y cauces como si fueran accidentes del terreno y no advertencias. Si los incendios y las inundaciones nos han enseñado algo, es que la seguridad de las personas depende de instituciones ambientales fuertes, de una planificación territorial responsable, de una fiscalización eficaz y, antes que nada, de autoridades capaces de entender que, ante la magnitud de la naturaleza, no somos nada.