Por Victoria Peña,
académica e investigadora de Educación UNAB.
Hay hechos que nos sacuden como sociedad y nos obligan a mirar hacia dentro. Dos de ellos han ocurrido en los últimos meses en Chile: el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes, a manos de un estudiante de 18 años en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, y el crimen de Ingrid del Carmen Barrera Rantul en Loncoche, planeado y encargado por su propia hija de 17 años junto a su pololo y un compañero de liceo.
Dos tragedias en contextos distintos, pero que confluyen en un mismo síntoma: no se trata de la delincuencia común ni el crimen organizado. Es algo mucho más profundo, más silencioso y, por lo mismo, más peligroso: la crisis de salud mental, la soledad y la disfuncionalidad afectiva que atraviesan a nuestros adolescentes.
La cobertura mediática de estos casos ha sido intensa, pero también, en gran medida, equivocada. La forma de comunicar de los medios pareciera poner estos crímenes en el mismo lugar que la violencia asociada a entornos vulnerables o al narcotráfico, lo cual no contribuye en absoluto a una discusión seria. No es lo mismo un ajuste de cuentas entre bandas que un adolescente que, según relató su propia madre, «se sentía invisible, que nadie notaba su presencia» y que padecía depresión severa y crisis de pánico.
En el caso de Loncoche, los tres adolescentes de 17 años planificaron el crimen durante dos meses. Si bien se habla de sicariato en el hecho, es una situación muy distinta a lo que podemos observar en entornos delictuales verdaderos, ya que ni los montos comprometidos, ni quien estaba a cargo de ejecutar el crimen evidencian el perfil de este tipo de prácticas. Esto indica que se trata de adolescentes comunes, que no alertaron señales en su entorno respectivo o peor aún, que este entorno ni siquiera lo advirtió. La hija justificó su accionar diciendo que su madre «no era buena madre, nos maltrataba físicamente y nos golpeaba hasta cansarse». Más allá de los hechos concretos y de la exactitud de estas afirmaciones, nos refleja la realidad de una adolescente atrapada en un entorno familiar violento y disfuncional.
Los datos oficiales son contundentes. Según el «Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2024» de la Defensoría de la Niñez, el 52,9% de los adolescentes estudiantes de educación media cumplen con criterios para uno o más problemas de salud mental: 35,2% para depresión, 25,9% para ansiedad generalizada y 28,2% para consumo problemático de sustancias.
A nivel nacional, el porcentaje de niñas y niños entre 7º básico y 3º medio con síntomas depresivos aumentó del 14% en 2017 al 22% en 2023. Y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 20% de los niños y adolescentes del mundo enfrenta algún problema de salud mental (OMS, 2023).
Frente a estas cifras, la pregunta que debemos hacernos es simple pero incómoda: ¿dónde está la familia? La evidencia muestra que la presencia de conductas de riesgo es mayor en aquellos adolescentes que perciben a sus familias como disfuncionales. La familia es, o debería ser, el principal factor protector. Pero cuando en el hogar hay violencia, abandono afectivo, indiferencia o simplemente ausencia, ese factor protector se convierte en factor de riesgo.
No se trata de culpabilizar a las familias, muchas de las cuales viven en condiciones de vulnerabilidad y estrés que dificultan enormemente la crianza. Pero sí debemos reconocer que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en la escuela. El Ministerio de Educación (2025) ha implementado programas como «A Convivir se Aprende», que busca favorecer la convivencia escolar y prevenir la violencia en los establecimientos educativos. Y si bien se han observado avances —como la reducción de la percepción de violencia escolar del 70% al 54% en algunas cohortes—, estos esfuerzos son insuficientes si no van acompañados de un trabajo profundo con las familias.
La discusión pública ha girado, lamentablemente, en torno a medidas reactivas. La instalación de detectores de metales en los colegios, el aumento de la seguridad perimetral, la sanción ejemplar a los responsables. Todo eso puede ser necesario, pero no aborda el problema de fondo. La UNESCO (2020), ha insistido en que las escuelas deben ser espacios seguros y protectores, pero el hogar debe serlo también. Y para eso, las familias necesitan apoyo, contención y herramientas.
Necesitamos, como sociedad, un cambio de enfoque. No podemos seguir tratando los síntomas mientras ignoramos la enfermedad. No obstante, debemos reconocer que no partimos de cero: Chile ya cuenta con herramientas valiosas que, bien potenciadas, pueden marcar la diferencia. En este sentido, La nueva Ley 21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, vigente en Chile desde el 1 de julio de 2026, transforma el enfoque reactivo tradicional en uno preventivo. Por otra parte, iniciativas como el programa «A Convivir se Aprende», busca favorecer la convivencia escolar y prevenir la violencia en los establecimientos educativos. Su verdadero potencial se despliega cuando logran traspasar el muro de la escuela y llegar al corazón de las familias, generando espacios de diálogo, acompañamiento y crianza compartida.
La experiencia internacional nos muestra que es posible. En Finlandia, programas como ‘Let’s Talk about Children’ (Allemand et al, 2023) han demostrado que cuando padres y profesionales trabajan juntos, se fortalecen los factores protectores de los niños. Así también el proyecto CONSENSUS, que involucra a 13 escuelas primarias, está desarrollando nuevos modelos de colaboración entre la escuela y la familia. En Australia, el programa gubernamental “Be You”, ofrece formación gratuita a educadores para apoyar la salud mental de niños y sus familias. No se trata de copiar modelos, sino de aprender de ellos y adaptarlos a nuestra realidad.
Sin embargo, cabe tener presente que ninguna política, por buena que sea, tendrá éxito sin un pacto ciudadano que nos involucre a todos y que exija a los medios de comunicación informar con responsabilidad, dejando atrás el sensacionalismo y el tratamiento homogéneo de la violencia, para dar espacio al análisis profundo y a las soluciones. Un pacto que convoque al Estado a consolidar una política nacional de salud mental y redes de apoyo familiar, con presupuesto, continuidad y un trabajo mejor articulado entre distintos ministerios y organismos regionales y sectoriales (Berger, et.al, 2024)
Los dos casos expuestos en esta columna son alertas tempranas que aún estamos a tiempo de atender. Si sabemos leerlas, si somos capaces de unir esfuerzos y de poner en el centro a nuestros niños y jóvenes, podemos convertir estas tragedias en oportunidades de mejora y avance. La pregunta no es si habrá otro caso como los de Calama o Loncoche. La pregunta es si estaremos dispuestos a construir juntos las respuestas que nuestros adolescentes están esperando. Y esa respuesta, aún estamos a tiempo de darla.