Una encuesta de la Cámara de Centros Comerciales y la CNC revela que la franja horaria de mayor actividad, entre las 18:00 y 21:00 horas, sería la más afectada. Gremios advierten sobre las posibles consecuencias económicas y sociales de la medida.
El proyecto de ley que propone adelantar el cierre del comercio ha encendido un debate en el Congreso y entre la ciudadanía. La iniciativa busca fijar horarios de cierre más tempranos para centros comerciales y supermercados: entre las 19:00 y 20:00 horas de lunes a sábado, y entre las 17:00 y 18:00 horas los domingos y festivos.
Un estudio reciente de la Cámara de Centros Comerciales y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) destaca que el 54% de las visitas a estos establecimientos ocurre en la franja de 18:00 a 21:00 horas. Este horario es crucial, especialmente para quienes trabajan, que representan la mayoría de los asistentes.
El informe también revela que el 68% de los encuestados teme un impacto negativo en su experiencia de compra y el 65% advierte que la medida podría afectar el empleo y fomentar el comercio informal. Además, los fines de semana son clave para el sector, con el sábado como el día de mayor afluencia (30%), seguido del domingo (22%).
José Pakomio, presidente de la CNC, manifestó preocupación por las consecuencias económicas: «Esta medida afectaría la generación de turnos y perjudicaría a trabajadores part-time, jóvenes y mujeres. En un momento crítico para la reactivación económica, restringir los horarios solo agravaría los desafíos que ya enfrentamos».
Por su parte, Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, subrayó que «el 80% de los comercios en estos recintos son pequeñas y medianas empresas. Adelantar el cierre limitará su competitividad, afectando a consumidores y a toda la cadena de valor».
Entre los argumentos a favor del proyecto se encuentra la posibilidad de que los trabajadores disfruten de más tiempo en familia y el supuesto aumento en la seguridad al garantizar traslados más seguros. Sin embargo, Pakomio sostiene que «cerrar temprano no mejora la seguridad, y podría aumentar el riesgo en calles vacías».
El debate sigue abierto, mientras gremios y consumidores esperan que el Congreso evalúe las implicancias económicas, sociales y laborales antes de tomar una decisión definitiva.