En el marco del Caso Convenios que sacude al Gobierno Regional de La Araucanía, excolaboradores cercanos al gobernador Luciano Rivas, incluyendo su exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli, han entregado declaraciones que lo implican directamente en presuntas irregularidades.
Según informó Radio Biobío, Leonelli declaró que “todo lo que hice en mi trabajo siempre fue informado al gobernador”, señalando que este estaba al tanto y autorizó decisiones clave en la cuestionada arista Manicure. Leonelli, actualmente en prisión preventiva por fraude al fisco, aseguró a la Fiscalía de Alta Complejidad que informó al gobernador sobre las actividades de la Fundación Folab y las transferencias de fondos por 730 millones de pesos, destinados a programas que nunca se realizaron. “En consecuencia, el gobernador estaba al tanto y autorizaba todo”, declaró el exjefe de gabinete, según consta en documentos obtenidos por Radio Biobío. Paralelamente, el director de la Fundación LocalHéctor Troncoso, declaró a la fiscalía que esta entidad fue creada a instancias de Andrés Albornoz, asesor jurídico y brazo derecho de Rivas. CIPER Chile reveló que Troncoso indicó: “los programas financiados fueron confeccionados dentro del mismo Gobierno Regional”, señalando que el gobernador buscaba mejorar su ejecución presupuestaria y visibilidad política. En su testimonio, Troncoso explicó que “todos los proyectos ejecutados ya estaban armados” y que, para las actividades financiadas, debía coordinar la presencia de Rivas. Además, subrayó que esta operación servía para “beneficiar a conocidos mediante puestos de trabajo y reforzar la campaña de reelección del gobernador”. Por su parte, Leonelli amplió sus revelaciones indicando que informó al gobernador sobre problemas financieros en la Fundación Folab. También detalló una reunión clave en Santiago, gestionada por el diputado desaforado Mauricio Ojeda, en la que el gobernador habría recibido disculpas por el impacto del escándalo. El Caso Convenios también involucra a Susan Alarcón, exjefa de Fomento e Industria del Gore, quien, según CIPER, está imputada por confeccionar los programas para las fundaciones involucradas. Actualmente se encuentra prófuga de la justicia. En julio de 2023, tras el estallido del escándalo, se suspendieron varios proyectos financiados por el Gobierno Regional. A pesar de esto, según CIPER, las fundaciones alcanzaron a recibir más de 2.100 millones de pesosTroncoso sostuvo que “la fundación estaba verdaderamente controlada por la Gobernación Regional”. Consultado por CIPER, Luciano Rivas, quien es candidato a la reelección en segunda vuelta,  no respondió a las acusaciones. Desde el Gore Araucanía, indicaron que no se pronunciarán mientras la investigación siga en curso. La fiscalía también ha mantenido reserva sobre las diligencias pendientes.

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