La Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado analizó la baja natalidad en Chile y la falta de corresponsabilidad familiar, destacando la urgencia de políticas integrales de cuidado y conciliación laboral que protejan los derechos de madres, padres y familias.
En su última sesión, la Comisión recibió a la Fundación Yo Quiero Estar, que presentó resultados preocupantes sobre la maternidad en Chile. La encuesta realizada a madres indica que el 81% fue presionada a renunciar tras la maternidad, mientras que 73% sufrió discriminación laboral. Además, el 92% considera insuficientes las políticas de conciliación trabajo-familia, y 19,5% presenta depresión severa, frente al 6% registrado en padres.
Estos datos muestran cómo la falta de apoyo y corresponsabilidad en los hogares y el trabajo impacta directamente en la decisión de tener hijos, contribuyendo a la baja natalidad del país.
Fundación Yo Quiero Estar llama a políticas integrales
La Fundación enfatizó la necesidad de una política integral de cuidados y natalidad, que garantice derechos y fomente la corresponsabilidad social entre madres, padres y empleadores. Esta propuesta busca revertir la tendencia a la baja natalidad, fortaleciendo los derechos de las familias y ofreciendo apoyo real a quienes deciden formar hogares.
Senadora Aravena destaca la corresponsabilidad como clave
La presidenta de la Comisión, senadora Carmen Gloria Aravena, subrayó que “por más leyes que hagamos, si no cambiamos la cultura, nada va a cambiar. La corresponsabilidad es clave para el desarrollo y la felicidad de las familias”.
La parlamentaria reafirmó su compromiso de impulsar la Política Nacional de Cuidados, señalando la urgencia de aprobar una iniciativa sólida y realista que atienda tanto la baja natalidad como la desigualdad en la distribución de tareas familiares y laborales.
Conclusión
El debate en el Senado evidencia que, sin medidas concretas de apoyo a la maternidad, la paternidad y la corresponsabilidad familiar, la baja natalidad en Chile continuará siendo un desafío social y económico. Instituciones públicas y privadas deberán trabajar de manera coordinada para ofrecer políticas que permitan a las familias crecer en un entorno seguro y equilibrado.