El suspendido jefe del DAEM de Pucón, Alejandro Durán, ingresó una querella por tráfico de influencias y extorsión contra Francisco Torres, Iván Soriano y el jefe jurídico municipal, tras revelar audios donde se le presionaba para renunciar a su cargo. La concejal Verónica Castillo también presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los mismos hechos.
Querella y audios: acusaciones de extorsión y tráfico de influencias
La controversia se intensifica en Pucón tras las grabaciones secretas hechas por Alejandro Durán, que según él, muestran presiones y amenazas por parte de la administración municipal. La querella presentada por Durán ante el Juzgado de Garantía apunta a Francisco Torres, Iván Soriano y Franco Tosti-Croce por delitos de tráfico de influencias y extorsión, basándose en audios que incluyen supuestas instrucciones para que el funcionario renunciara antes de que se ejecutaran sanciones administrativas.
Bhama Zúñiga, abogada de Durán, explicó que los audios reflejan cómo Torres coordinó con el director jurídico la suspensión del sumario administrativo para darle tiempo a Durán de acomodar sus temas personales y renunciar, evitando así consecuencias que podrían afectar su carrera y dejar abierta la investigación fiscal por malversación de fondos.
Denuncia de la concejal Verónica Castillo ante el Ministerio Público
En paralelo, la concejal Castillo presentó una denuncia por tráfico de influencias, cumpliendo con su rol de fiscalizar la probidad en la función pública. Según la edil, los audios evidencian presiones a un funcionario municipal para tomar decisiones administrativas forzadas, un hecho que, según ella, no debe repetirse en Pucón.
Detalles de los audios y reuniones con Torres, Soriano y Álvarez
Los registros de Durán incluyen reuniones con el Administrador Municipal y el asesor Iván Soriano, donde se habría sugerido que renunciara para evitar la suspensión de cinco años para ejercer cargos públicos. Además, la querella señala un encuentro con el alcalde Sebastián Álvarez, en el que también se trataron presiones laborales. Los audios son considerados pruebas claves en la demanda de tutela laboral que Durán mantiene contra la municipalidad, en la que busca una indemnización de $60 millones por daño moral.
Implicancias legales y respuesta de la municipalidad
La querella fue declarada admisible y suma un nuevo foco de conflicto para el municipio. Este caso podría derivar en investigaciones sobre extorsión y tráfico de influencias dentro de la administración local. Hasta el cierre de esta nota, la municipalidad no ha emitido reacción oficial respecto a las denuncias y querellas interpuestas por Durán y la concejal Castillo.