La Corte Suprema de Santiago confirmó el fallo de primera instancia en la causa RUC: 23-4-0466180-9, condenando al Municipio de Lautaro —representado por su alcalde Ricardo Jaramillo Galindo— al pago de $34.666.154 por despido injustificado, acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales contra un exfuncionario del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).
El tribunal estableció que el alcalde Jaramillo ejerció un trato vejatorio desde noviembre de 2022, cuando asumió como alcalde subrogante. En ese periodo, citó al funcionario a dependencias municipales para exigirle explicaciones sobre procesos administrativos ajenos a su cargo, exponiéndolo públicamente y cuestionando su probidad ante personas externas al municipio.
Uno de los hechos más graves fue la incorporación informal del ciudadano Ronald Seiffert Aguilera, funcionario del Gobierno Regional de La Araucanía, quien fue presentado como asesor del alcalde sin vínculo contractual con la Municipalidad. Seiffert impartió instrucciones a funcionarios municipales y solicitó información sensible, como licitaciones en curso, sin contar con atribuciones legales.
Posteriormente, Seiffert ingresó sin autorización a las oficinas del DAEM junto a Edison Tropa Sandoval, presentado como experto en gestión escolar. Ambos irrumpieron en la oficina del funcionario afectado, quien los reprendió cordialmente por no respetar los protocolos de ingreso. Seiffert respondió que tenía “el poder entregado por el alcalde” para actuar libremente en cualquier dependencia municipal.
Tras la salida de Seiffert, el acoso continuó por parte de Edison Tropa Sandoval, quien, según el fallo, carecía de conocimientos técnicos en administración educativa. Sus constantes cuestionamientos y comentarios sin fundamento provocaron un deterioro emocional en el funcionario, quien debió acudir a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) por estrés laboral.
A pesar de los intentos del funcionario por colaborar y capacitar a Tropa Sandoval, fue finalmente despedido de forma injustificada. Además, se le negó el acceso a su finiquito, impidiéndole cobrar su seguro de cesantía, lo que agravó aún más la vulneración de sus derechos.
Gestión municipal bajo cuestionamientos
Este caso se suma a una serie de denuncias por malas prácticas laborales en la administración del alcalde Ricardo Jaramillo Galindo. Funcionarios municipales han manifestado su preocupación por el ambiente laboral y el deterioro institucional que afecta al DAEM, jardines infantiles, escuelas y liceos de la comuna, generando un profundo impacto en la calidad de vida de los habitantes de Lautaro.
A estas denuncias se suman las presentadas ante la Contraloría General de la República contra el secretario municipal Sergio Zúñiga Ibáñez, acusado de ejercer funciones como abogado en Temuco durante su horario laboral en Lautaro. Según el requerimiento presentado por el concejal Piero Jara, Zúñiga habría patrocinado causas de concejales de otra comuna mientras mantenía tareas administrativas atrasadas en Lautaro, como lo evidencian los registros de transparencia.
Además, se ha denunciado un grave episodio que involucra a la profesora Alejandra Coronado y al exjefe de comunicaciones del municipio, en el que se habría violado propiedad privada. Según los antecedentes, funcionarios municipales —acompañados por personal de seguridad pública, la jefa de Recursos Humanos y representantes de Correos de Chile— habrían ingresado por la fuerza a un domicilio particular, rompiendo el portón de acceso sin orden judicial ni autorización legal. Este hecho, que está siendo investigado, ha generado profunda alarma en la comunidad por el uso indebido de recursos públicos y la vulneración de derechos fundamentales.