Una denuncia formal por presuntas irregularidades, conflictos de interés y vulneraciones a la probidad fue presentada ante el Tribunal Supremo del Partido Demócrata Cristiano, en el marco del proceso electoral para la directiva comunal en Nueva Imperial.
El reclamo fue ingresado por un grupo de militantes y ciudadanos de la comuna, quienes solicitaron reserva estricta de identidad, invocando la Ley N° 20.205, debido al temor fundado de represalias laborales y persecución política desde el ámbito municipal.
Acusan nepotismo y captura del proceso electoral
Según detalla la denuncia, el proceso eleccionario carecería de garantías mínimas de imparcialidad y transparencia, configurándose lo que los denunciantes califican como una “captura institucional” de la democracia interna del partido.
Uno de los puntos más sensibles es la conformación de una lista oficialista que incluye a Rose Marie Romero Rivera, candidata a secretaria comunal, quien es conviviente de hecho y pareja de pública notoriedad del actual alcalde de Nueva Imperial, César Sepúlveda Huerta.
A esto se suma la participación de Alicia Manquián Conejeros, funcionaria municipal y presidenta de una asociación de funcionarios afín a la actual administración, lo que —según el documento— refuerza una red de subordinación directa con el municipio.
Administrador municipal como ministro de fe: el punto crítico
El hecho considerado más grave por los denunciantes es la designación del Administrador Municipal, Felipe Jara Cruces, como Encargado Electoral (Ministro de Fe) del proceso interno.
De acuerdo con el reclamo, esta designación vulnera de forma directa el principio de imparcialidad, ya que el funcionario mantiene dependencia laboral directa y de confianza con el alcalde, cuya pareja integra la lista en competencia.
“Resulta técnica y éticamente imposible que un subordinado del alcalde actúe como árbitro neutral en una elección donde participan su conviviente y funcionarios bajo su mando”, sostiene la denuncia.
Fundamentos legales y posible coacción
El documento cita la Ley N° 18.603 de Partidos Políticos, que exige procesos internos democráticos y transparentes, además de la Ley N° 18.575 y la Ley N° 20.880 sobre probidad administrativa y conflictos de interés, subrayando que estos no solo se limitan al matrimonio formal, sino también a vínculos de afectividad.
Asimismo, se denuncia una coacción velada, acusando el uso de la estructura jerárquica municipal y la condición laboral de funcionarios militantes para influir en el padrón electoral partidario.
Solicitan intervención del Tribunal Supremo y del Servel
Entre las medidas solicitadas se incluye la remoción inmediata del Encargado Electoral, la designación de un delegado electoral externo a la comuna y la impugnación de la lista cuestionada.
La denuncia fue dirigida también al senador Francisco Huenchumilla Jaramillo y a la Unidad de Denuncias del SERVEL, con el objetivo de garantizar que el proceso no sea influenciado por intereses familiares ni clientelares.
Mientras tanto, el caso instala un nuevo foco de tensión política en Nueva Imperial y pone bajo la lupa el estándar de probidad en las elecciones internas de los partidos. Democracia interna, pero de verdad —no modo simulacro.