Por: Ignacio Briones, Juan Jose Obach,
Bernardo Larraín y Juan Francisco Galli
Un paquete de 68 medidas legales y reglamentarias propone ajustes “quirúrgicos” al sistema de permisos para reducir plazos, dar mayor certeza jurídica y acelerar proyectos estratégicos sin bajar estándares ambientales.
El problema de la permisología no radica en la existencia de permisos. Estos son indispensables para proteger bienes públicos como el medio ambiente, el patrimonio cultural o los recursos hídricos. El verdadero nudo está en cómo el sistema evolucionó hacia un entramado descoordinado, con plazos extensos, criterios poco previsibles y una sobreposición de competencias que termina afectando la inversión.
El propio Presidente Gabriel Boric lo calificó como un sistema “kafkiano”. Y aunque es posible mejorar la coordinación entre servicios y acortar tiempos mediante una mejor gestión, sin ajustes normativos más profundos será difícil alcanzar los niveles de certeza y oportunidad que Chile necesita para dar un salto relevante en inversión.
Con ese diagnóstico, los centros de estudio Horizontal y Pivotes trabajaron durante diez meses en una propuesta de intervención acotada pero de alto impacto. El resultado: 68 medidas concretas —34 legales y 34 reglamentarias— enfocadas en cuatro áreas críticas: medio ambiente, aguas, concesiones marítimas y patrimonio arqueológico.
El documento fue entregado recientemente al futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha señalado que la facilitación regulatoria será uno de los ejes de su gestión.
Modernizar el sistema ambiental y reducir iteraciones
El paquete propone modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), diferenciando según tipo y magnitud de proyectos.
Para iniciativas pequeñas y medianas, se plantea volver al espíritu original de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), concebidas inicialmente como declaraciones juradas simples. La idea es eliminar la participación ciudadana en estas instancias y ajustar la carga de la prueba para descartar impactos ambientales cuando corresponda.
En el caso de ampliaciones, cambios tecnológicos o extensiones de vida útil que no aumenten la huella ambiental —especialmente relevantes en minería y energía—, se propone crear un procedimiento abreviado ad hoc. Además, se busca limitar pronunciamientos sectoriales excesivos que hoy generan reiteraciones y dilaciones.
Para proyectos de gran escala, la propuesta incorpora un Análisis Temprano Voluntario. Esta instancia permitiría definir anticipadamente los impactos a evaluar, los servicios públicos pertinentes y el área de influencia, reduciendo incertidumbre y ajustes posteriores.
Aguas, patrimonio y concesiones: foco en eficiencia
En materia hídrica, se propone destrabar procesos en la Dirección General de Aguas (DGA), fortaleciendo la figura de pre-revisores e introduciendo criterios objetivos para que modificaciones de cauce de bajo impacto se tramiten como declaraciones juradas.
Respecto al patrimonio, se plantea traspasar el otorgamiento de permisos arqueológicos desde el Consejo de Monumentos Nacionales al Servicio del Patrimonio, en línea con el proyecto en discusión legislativa, y agilizar la reanudación de obras ante hallazgos imprevistos.
En concesiones marítimas, el foco estaría en acelerar la etapa de admisibilidad y eliminar pronunciamientos redundantes cuando no resulten pertinentes.
El debate de fondo es estratégico. En un país que debe profundizar su transición energética, expandir transmisión eléctrica, adaptarse al estrés hídrico y potenciar la producción de minerales críticos, alimentos y bienes bajos en emisiones, la respuesta no puede ser frenar la inversión. La clave está en compatibilizar estándares ambientales altos con mayor certeza jurídica.
La permisología no solo afecta grandes proyectos. También impacta a pymes, que carecen de espaldas financieras para enfrentar largos procesos regulatorios, y retrasa inversiones sociales como hospitales o infraestructura pública. Por ello, más que una agenda ideológica, se perfila como una política de Estado.