Dr. Pablo Müller Ferrés
Académico de la Facultad de Administración y Finanzas
Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco
Las recientes reacciones de los gremios chilenos frente al nuevo arancel global anunciado por el gobierno de Estados Unidos no constituyen una sobrerreacción corporativa, sino una señal comprensible en una economía estructuralmente abierta como la nuestra. Chile ha construido su estrategia de desarrollo sobre la base de la inserción internacional, la estabilidad de reglas y la previsibilidad de los mercados. Cuando uno de sus principales socios comerciales introduce un arancel general, aunque sea de 10%, el efecto trasciende el porcentaje: altera expectativas, encarece decisiones y reconfigura escenarios.
Desde Fedefruta, su presidente Víctor Catán ha advertido que esta medida podría limitar la exportación de algunas frutas al mercado norteamericano. Esa preocupación merece ser comprendida en su real dimensión. El sector frutícola opera con márgenes estrechos, alta competencia internacional y costos logísticos relevantes. Un diferencial arancelario puede traducirse en pérdida de competitividad frente a proveedores de otros países, obligar a renegociar contratos o desplazar volúmenes hacia mercados menos rentables. Detrás de cada contenedor exportado existen empleos estacionales, inversiones en riego y tecnología, y economías regionales cuya estabilidad depende de esos flujos.
La inquietud de los exportadores, por tanto, no es meramente sectorial. Expresa el temor a un cambio en las reglas del juego global. La economía internacional de las últimas décadas se apoyó en la reducción de barreras y en la consolidación de acuerdos comerciales. Cuando emergen señales de mayor proteccionismo, el riesgo no es solo el arancel puntual, sino la erosión de la estabilidad normativa. Para países pequeños y abiertos, la certidumbre institucional internacional es parte de su capital estratégico.
Este escenario también interpela la política pública de largo plazo. La estrategia de desarrollo exportador, la diversificación de mercados y la inversión en infraestructura logística no se diseñan para un año, sino para décadas. Si el entorno internacional se vuelve más volátil, las decisiones públicas deben incorporar mayores márgenes de resiliencia: seguros comerciales, inteligencia de mercados, promoción de innovación y fortalecimiento de productividad. Una política pública orientada al largo plazo se ve tensionada cuando cambian las reglas externas, pues debe equilibrar continuidad estratégica con capacidad de adaptación.
En este contexto, el aporte de los especialistas universitarios resulta fundamental: desde la economía aplicada pueden estimarse impactos y simular escen