Un preinforme reservado de la Contraloría reveló una red de conflictos de interés en el Gobierno Regional de La Araucanía durante la administración de Luciano Rivas, con contrataciones de familiares de funcionarios, adjudicaciones exprés y cuestionamientos al uso de recursos públicos.
Un preinforme reservado de la Contraloría General de la República reveló una compleja trama de eventuales conflictos de interés al interior del Gobierno Regional de La Araucanía durante la administración del exgobernador Luciano Rivas Stepke, con contrataciones de familiares de funcionarios, transferencias millonarias y procesos de adjudicación acelerados.
El documento —al que accedió la Unidad de Investigación de BioBio— describe un escenario donde fondos públicos por miles de millones de pesos habrían sido ejecutados en proyectos que, en paralelo, involucraron redes familiares dentro de la propia institucionalidad regional.
Una red de vínculos familiares dentro del aparato público
Según el informe, funcionarios del GORE y sus familiares directos habrían participado en distintas etapas de los proyectos financiados, ya sea como evaluadores, contratados o beneficiarios finales de los recursos.
Entre los casos observados aparece el del cuñado del exgobernador Rivas, quien habría emitido 32 boletas de honorarios por un total cercano a los 19,5 millones de pesos, en el marco de programas financiados por el Gobierno Regional.
La Contraloría también detectó la contratación de familiares de funcionarios por parte de la Universidad Autónoma de Chile, entidad que actuó como intermediaria en la ejecución de convenios de reactivación económica.
Millonarios convenios y una universidad bajo la lupa
Entre 2021 y 2023, el GORE La Araucanía transfirió más de 40 mil millones de pesos a ocho instituciones de educación superior.
La mayor parte de esos recursos —más de 21.800 millones de pesos— fue adjudicada a la Universidad Autónoma de Chile, que concentró más del 50% del total de los fondos revisados.
De acuerdo con la auditoría, la universidad actuó como intermediaria entre el GORE y microempresarios beneficiarios de subsidios destinados a capital de trabajo y digitalización.
Sin embargo, la Contraloría advierte que los mecanismos de control interno no habrían sido suficientes para detectar conflictos de interés asociados a parentescos dentro del sistema de ejecución.
Adjudicaciones en tiempo récord
Uno de los puntos más críticos del informe apunta a la velocidad con que se aprobaron algunos convenios.
Mientras el promedio de tramitación de proyectos similares era de aproximadamente siete días hábiles, ciertos convenios vinculados a la Universidad Autónoma habrían sido aprobados en menos de seis horas.
Para el órgano contralor, este nivel de rapidez en procesos de alta complejidad financiera abre interrogantes sobre los filtros de evaluación y control aplicados.
El “boleteo” entre beneficiarios y redes familiares
La investigación también revela que, dentro de los proyectos financiados, algunos beneficiarios habrían subcontratado a familiares de funcionarios del propio Gobierno Regional.
En ese esquema aparece el caso de un proveedor que emitió 32 boletas de honorarios a distintos microempresarios, acumulando pagos cercanos a los 19,5 millones de pesos.
Otros familiares también figuran con emisiones de boletas individuales en distintos programas de fomento productivo.
Defensa, investigación penal y tensiones políticas
Consultado por el informe, el exgobernador Luciano Rivas sostuvo que las contrataciones fueron realizadas directamente por los beneficiarios de los programas, sin intervención del Gobierno Regional, y aseguró que no tuvo conocimiento de los vínculos familiares en los casos observados.
“Siempre actué con apego a la probidad y la transparencia”, señaló, agregando que las investigaciones en curso deberán determinar eventuales responsabilidades.
El caso se cruza además con la investigación del Ministerio Público por el denominado “caso Convenios”, donde ya existen formalizaciones en curso por fraude al fisco y otras aristas vinculadas al uso de recursos públicos en la región.
Un caso que reabre el debate sobre el control del gasto público
El preinforme de la Contraloría instala nuevas dudas sobre los sistemas de control en la administración de recursos regionales, especialmente en programas ejecutados con intermediarios y múltiples niveles de ejecución.
Más allá de las responsabilidades individuales, el documento plantea un problema estructural: la falta de mecanismos eficaces para prevenir conflictos de interés en redes institucionales donde se cruzan funciones públicas, vínculos familiares y ejecución de fondos millonarios.