El proyecto aprobado en la Cámara propone revisar mochilas, sancionar la suspensión de clases y limitar beneficios educativos a estudiantes condenados por delitos graves.


El diputado por La Araucanía apoyó la iniciativa que restringe la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves y permite revisar mochilas para prevenir el ingreso de armas a establecimientos educacionales.

El diputado por la Región de La Araucanía, Eduardo Creton, respaldó el proyecto de ley denominado “Plan Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca enfrentar el aumento de hechos de violencia escolar registrados en el país y fortalecer las condiciones de seguridad dentro de los establecimientos educacionales.

La propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados con 103 votos a favor, quedando ahora a la espera de su tramitación en el Senado para convertirse en ley.

El parlamentario explicó que el proyecto surge tras diversos episodios de violencia escolar ocurridos en Chile, incluyendo casos que han tenido consecuencias fatales, lo que —según indicó— obliga a adoptar medidas más firmes para resguardar a estudiantes, docentes y asistentes de la educación.


Endurecimiento de sanciones y restricción de gratuidad

Uno de los puntos centrales de la iniciativa contempla prohibir el acceso al beneficio de gratuidad en la educación superior por un período de cinco años a estudiantes que hayan sido condenados por delitos graves.

La medida aplicará en casos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas o la propiedad pública y privada.

“Lo que estamos buscando con este proyecto es recuperar el espacio educativo para todos los niños y jóvenes que realmente quieren estudiar y aprender”, sostuvo Creton.

El legislador agregó que la iniciativa busca evitar que una minoría afecte el derecho de la mayoría a desarrollarse en ambientes seguros.


Revisión de mochilas y prevención del ingreso de armas

El proyecto también considera la posibilidad de que los sostenedores incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros elementos personales, con el objetivo de impedir el ingreso de armas blancas, armas de fuego u objetos peligrosos.

Según explicó el diputado, esta medida apunta a fortalecer la prevención y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las comunidades educativas.

“No se trata solo de establecer sanciones, sino de enviar una señal clara de que no vamos a permitir que la violencia y la impunidad se impongan en los establecimientos educacionales”, afirmó.


Suspensión de clases será considerada falta grave

La iniciativa incorpora además cambios en materia de convivencia escolar. Entre ellos, se calificará como afectación grave cualquier acción destinada a impedir el desarrollo normal de las clases o provocar su suspensión.

También serán consideradas faltas graves las amenazas realizadas por integrantes de la comunidad educativa que generen interrupciones de actividades académicas.

El parlamentario valoró que el proyecto avance hacia normas más estrictas frente a hechos de violencia que, según señaló, han aumentado durante el último tiempo en distintos puntos del país.

“Los colegios y universidades deben ser espacios seguros, de respeto y oportunidades, no lugares donde los violentistas actúen con impunidad”, indicó.

Finalmente, Creton expresó su expectativa de que el Senado otorgue urgencia a la tramitación para que la iniciativa pueda transformarse en ley en el corto plazo.

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