Una auditoría interna destapó una grave crisis financiera en la Asociación de Funcionarios de la Universidad de La Frontera. La nueva directiva denunció un presunto desfalco millonario y llevó el caso a la justicia, apuntando a ex dirigentes por manejo irregular de recursos entre 2021 y 2025.
Una auditoría interna destapó una grave crisis financiera en la Asociación de Funcionarios de la Universidad de La Frontera (UFRO). La nueva directiva decidió llevar el caso ante la justicia tras detectar un posible desfalco millonario que habría afectado directamente a cerca de 200 socios de la organización.
Auditoría detectó falta de transparencia financiera
La Asociación de Funcionarios de la UFRO interpuso una querella por administración desleal y apropiación indebida contra integrantes de la directiva anterior, apuntando a un eventual mal manejo de recursos entre los años 2021 y 2025.
Según los antecedentes, la acción judicial individualiza a Brenda Deomojan y Guido Donoso, ambos ex presidentes de la organización, además de Carlos Belmar, ex tesorero durante los periodos investigados.
La decisión se adoptó luego de que la nueva dirigencia asumiera funciones y los socios exigieran una revisión completa del flujo financiero, debido a cuestionamientos sobre la transparencia en la administración anterior.
Presunto desfalco alcanzaría los $200 millones
La auditoría encargada por la asociación reveló un posible faltante cercano a los $200 millones, recursos provenientes principalmente de cuotas aportadas por los socios y, en menor medida, de contribuciones institucionales destinadas a actividades gremiales.
El abogado Carlos Muñoz, representante en la causa, confirmó que los antecedentes recopilados motivaron la presentación de la querella con el objetivo de esclarecer el destino de los fondos y determinar eventuales responsabilidades penales.
Desde la actual directiva señalaron que, hasta ahora, se desconoce el paradero del dinero, situación que mantiene en alerta a los integrantes de la organización.
Crisis financiera impactó a la organización gremial
La presidenta de la Asociación de Funcionarios, Natividad Novoa, explicó que las dudas respecto a la gestión financiera se intensificaron durante el segundo semestre de 2024, cuando la asociación enfrentó una compleja crisis económica.
Según indicó, varios socios denunciaban que no se les entregaba información completa sobre el uso de los recursos, lo que terminó generando pérdida de confianza interna.
Como consecuencia directa, la organización redujo significativamente su base de integrantes, pasando de aproximadamente 700 socios a cerca de 500 en la actualidad.
Querella busca establecer responsabilidades
La acción judicial no solo apunta a las personas individualizadas, sino también a todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, en el marco de la investigación que deberá desarrollar el Ministerio Público.
El proceso judicial buscará determinar si existieron delitos vinculados al manejo de recursos gremiales y establecer eventuales sanciones en caso de comprobarse irregularidades.