La desvinculación de 15 trabajadores del Programa de Programación e Información de los Derechos Indígenas (PIDI) se suma a la salida del equipo del Plan Buen Vivir. El Gobierno asegura que los cambios responden a un proceso de reorganización administrativa mientras continúa la ejecución del millonario presupuesto destinado a la Macrozona Sur.
Nuevos ajustes administrativos en programas vinculados a la política indígena del Gobierno se concretaron esta semana en la región, luego que se confirmara la desvinculación de 15 funcionarios del Programa de Programación e Información de los Derechos Indígenas (PIDI), medida que se suma a la reciente salida del equipo que ejecutaba el Plan Buen Vivir en el territorio.
Según información publicada por Radio Bío Bío, los despidos se materializaron durante la jornada del miércoles y forman parte de una reorganización institucional que actualmente se desarrolla a nivel nacional.
Reestructuración alcanza a equipos regionales y nacionales
Las desvinculaciones redujeron significativamente la dotación del programa. A nivel país, solo cuatro personas permanecen contratadas en funciones asociadas al PIDI: una en la Región Metropolitana, otra en Chiloé y dos en La Araucanía.
Entre quienes continúan en funciones se encuentra el coordinador nacional, Marcelo García, militante y presidente regional de la Democracia Cristiana, quien fue solicitado por el Ejecutivo para mantenerse temporalmente en el cargo.
El objetivo, según explicó el propio coordinador, es asegurar la continuidad administrativa mientras se conforma un nuevo equipo nacional y regional encargado de implementar la siguiente etapa del programa.
García tendrá la misión de realizar el traspaso de información y antecedentes una vez que las nuevas autoridades y profesionales asuman sus funciones.
Millonario presupuesto sigue en ejecución
Pese a los cambios de personal, el Gobierno confirmó que el Plan Buen Vivir mantiene vigente su planificación presupuestaria para este año.
La iniciativa contempla recursos superiores a los 330 mil millones de pesos destinados a la Macrozona Sur, concentrando cerca del 50% de la inversión en proyectos localizados en las provincias de Malleco y Cautín.
Del total asignado —que alcanza aproximadamente los 338 mil millones de pesos para las cuatro regiones consideradas en el plan—, alrededor de 28 mil millones están comprometidos en convenios con universidades y municipios. En tanto, más de 300 mil millones corresponden a ejecución de obras públicas lideradas por el Ministerio de Obras Públicas.
Gobierno habla de proceso normal de instalación
Desde el Ejecutivo señalaron que los movimientos responden a ajustes habituales dentro de un proceso de reorganización estatal, insistiendo en que se trata de una etapa de instalación administrativa y redefinición programática.
No obstante, hasta ahora el Gobierno no ha detallado públicamente cuál será el enfoque definitivo que adoptará respecto a la política indígena ni cómo se articularán los programas territoriales tras los cambios de equipos.
Las desvinculaciones ocurren en un escenario marcado por expectativas locales sobre la continuidad de iniciativas orientadas al desarrollo social, inversión pública y diálogo con comunidades indígenas en el sur del país, donde el Plan Buen Vivir ha sido presentado como uno de los principales instrumentos de intervención estatal.
Mientras se espera la conformación del nuevo equipo nacional, autoridades regionales y actores territoriales observan con atención el rumbo que tomará la estrategia gubernamental en la zona.