Mg. Marco Antonio Vásquez Ulloa
Ingeniero Comercial-Contador Público y Auditor
Académico Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales
Universidad de La Frontera.
Dia tras día, en las últimas semanas he sido testigo de cómo el valor de la cuota de mi crédito hipotecario ha ido subiendo y mi sueldo sigue ahí, congelado desde hace tres años. Trato de buscar un responsable y diviso en el horizonte, acercándose cada vez más a mi vida cotidiana a la UF.
Por décadas, la Unidad de Fomento fue presentada como uno de los grandes inventos de la ingeniería económica chilena. Una herramienta técnica, aparentemente neutral, creada para proteger el ahorro, incentivar el crédito hipotecario y dar estabilidad a la economía frente a los efectos devastadores de la inflación. Sin embargo, aquello que nació en 1967 como una solución financiera hoy se ha transformado, para miles de familias, en una pesada carga cotidiana.
La UF ya no es solamente una unidad de cálculo. Se ha convertido en una presencia permanente en la vida de los chilenos. Está en los dividendos hipotecarios, en los arriendos, en las matrículas universitarias, en los planes de salud, en los seguros e incluso en multas y contratos básicos. Y mientras los salarios suben lentamente —o muchas veces simplemente no suben— la UF continúa avanzando día tras día, silenciosa, automática e implacable.
El problema de fondo no es únicamente económico; es profundamente social. Porque la UF protege el valor del dinero para el sistema financiero, pero no protege con la misma intensidad la estabilidad de las familias. Los bancos jamás pierden frente a la inflación: el deudor sí. La clase media sí. Los jóvenes que accedieron a una vivienda con esfuerzo sí. Los adultos mayores endeudados sí.
Chile ha normalizado una economía completamente indexada. Vivimos atrapados en una lógica donde prácticamente todo sube, pero no todo se reajusta de igual manera. Allí radica una de las mayores contradicciones del modelo económico chileno: se protege el capital, pero no necesariamente el ingreso real de las personas.
Diversos economistas han advertido este fenómeno. Ricardo Ffrench-Davis ha señalado que la indexación excesiva rigidiza la economía y perpetúa dinámicas inflacionarias. Sebastián Edwards ha hablado de una verdadera “cultura de la indexación” en Chile. Andrea Repetto, por su parte, ha enfatizado el impacto distributivo que tienen estos mecanismos sobre la clase media y los sectores endeudados.
Por supuesto, eliminar abruptamente la UF sería irresponsable. Sería desconocer que este instrumento permitió desarrollar el mercado hipotecario y otorgar estabilidad financiera en períodos complejos. Pero también es irresponsable seguir ignorando el desgaste social que provoca una economía donde las deudas crecen todos los días mientras los ingresos permanecen prácticamente inmóviles.
La discusión que Chile necesita no es simplemente técnica; debe ser ética y política. ¿Hasta qué punto es razonable que servicios esenciales como la vivienda, la salud o la educación sigan completamente amarrados a una lógica financiera indexada? ¿Es justo que el peso de la inflación recaiga casi exclusivamente sobre las familias?
Tal vez llegó el momento de avanzar hacia mecanismos más equilibrados: limitar la indexación en servicios esenciales, generar subsidios compensatorios para sectores medios, establecer topes temporales en períodos inflacionarios o, derechamente, discutir una desindexación parcial de la economía chilena.
La UF fue diseñada para proteger la estabilidad económica. El desafío del presente consiste en impedir que esa estabilidad termine destruyendo la estabilidad social.
Porque cuando el costo de vivir sube todos los días, pero la dignidad salarial no lo hace al mismo ritmo, la sensación de abuso deja de ser percepción y comienza a transformarse en realidad.