Empresas de papel, subsidios estatales y más de $140 millones comprometidos: el Consejo de Defensa del Estado activó acciones judiciales contra un exfuncionario del GORE de La Araucanía y su círculo familiar en una nueva arista del Caso Convenios.
Una nueva arista del denominado Caso Convenios vuelve a tensionar al Gobierno Regional de La Araucanía. Esta vez, el foco está puesto en un exfuncionario del GORE, su pareja y su suegra, quienes enfrentan acciones judiciales por presunto fraude al fisco y lavado de activos tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado.
La acción judicial apunta contra Roberto Soto, Marlene Inzunza y Silvana Sepúlveda, quienes ya habían sido formalizados en enero por distintos delitos económicos en una investigación que sigue sumando antecedentes sobre el uso de recursos públicos destinados a programas de desarrollo regional.
Empresas de papel y subsidios públicos bajo la lupa
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los imputados habrían operado mediante empresas ficticias o “de papel” para adjudicarse subsidios estatales a través de concursos públicos financiados con recursos del Gobierno Regional.
Parte de esos fondos fueron transferidos desde el GORE a la Agencia de Desarrollo Regional y a la Universidad Autónoma de Chile para ejecutar distintos programas. Algunos de ellos estaban bajo la supervisión directa del exfuncionario investigado.
El fiscal Raúl Espinoza sostuvo durante la formalización que existía una estructura destinada a captar recursos fiscales utilizando entidades sin actividad real, mecanismo que hoy también es parte de la querella impulsada por el CDE.
La cifra investigada supera los 140 millones de pesos, recursos que habrían sido desviados mediante operaciones que ahora son analizadas por la justicia bajo la figura de fraude al fisco y eventual lavado de activos.
Saffirio cuestiona demora del CDE
El gobernador regional René Saffirio valoró la presentación de la querella, aunque advirtió que la acción judicial llega varios meses después de la formalización de los imputados.
“Es importante que el Consejo de Defensa del Estado actúe, pero esta es una decisión que pudo haberse tomado antes”, deslizó la autoridad regional, marcando distancia respecto del tiempo de reacción del organismo.
Saffirio agregó que esta querella podría abrir la puerta a nuevas acciones judiciales en otras investigaciones vinculadas a irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro de la Agencia de Desarrollo Regional.
Caso Convenios sigue ampliando su impacto en regiones
La investigación se suma a una serie de causas abiertas en distintas regiones del país tras el estallido del Caso Convenios, escándalo que expuso cuestionamientos a los mecanismos de asignación de recursos públicos mediante fundaciones, corporaciones y entidades privadas.
En La Araucanía, el avance de esta causa vuelve a instalar dudas sobre los controles internos en la ejecución de programas financiados con dineros fiscales y sobre la trazabilidad de los recursos destinados al desarrollo regional.
Mientras el Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes, la querella del CDE busca además perseguir responsabilidades patrimoniales y recuperar eventuales fondos públicos comprometidos en la operación investigada.