Parlamentarias de La Araucanía acusaron una grave contradicción institucional tras la decisión del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a plataformas de apuestas online que la Corte Suprema calificó como ilegales, advirtiendo que el Estado no puede otorgar señales ambiguas frente a una actividad que sigue sin regulación definitiva.
Parlamentarias de distintos sectores advirtieron que aplicar impuestos a plataformas declaradas ilegales por la Corte Suprema genera una señal contradictoria del Estado y exigieron avanzar en una regulación definitiva para el sector.
La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de incorporar como contribuyentes del IVA a las plataformas de apuestas online abrió un nuevo debate político y jurídico. Desde La Araucanía, diputadas de distintos sectores cuestionaron la medida y llamaron al Gobierno a definir una postura clara respecto de estas plataformas, cuya legalidad ha sido objeto de controversia en los últimos años.
La situación incluso llegó a la Contraloría General de la República luego de un requerimiento presentado por legisladores de oposición, quienes solicitaron que el organismo oficie al SII para aclarar los fundamentos de esta decisión tributaria.
“No se puede blanquear la ilegalidad”
La diputada Flor Contreras manifestó su rechazo a la medida y sostuvo que el cobro de impuestos no puede transformarse en una forma indirecta de validar una actividad que ha sido cuestionada por la justicia.
“En el Congreso estamos discutiendo democráticamente un proyecto de ley para regularizar estas materias. Pero el SII no puede pasar por encima de los tribunales de justicia ni del Parlamento”, afirmó la parlamentaria.
Contreras agregó que resulta inaceptable que se intente “legitimar por la ventana” un negocio que la Corte Suprema declaró ilegal, señalando que el Estado debe actuar con coherencia frente a este tipo de actividades.
Preocupación por señales contradictorias
La controversia se produce luego de que, en septiembre del año pasado, la Corte Suprema acogiera un recurso de protección presentado por empresas nacionales, ordenando el bloqueo de sitios de apuestas online y calificando dichas plataformas como ilegales.
Pese a ello, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la decisión adoptada por el Servicio de Impuestos Internos, argumentando que el organismo está cumpliendo con sus funciones al aplicar las normas tributarias vigentes.
La diputada Andrea Parra calificó la situación como contradictoria y expresó preocupación por las señales que se están entregando a los operadores que funcionan bajo marcos regulatorios establecidos.
“Preocupa la señal que se da a los casinos y empresas que sí son legales, ya que pareciera que los sitios online tienen un trato diferenciado. Esperamos la respuesta del SII al oficio enviado a Contraloría para constatar si efectivamente se está avalando una irregularidad, lo que sería muy grave”, sostuvo.
Llamado a una regulación definitiva
Por su parte, la diputada Gloria Naveillán planteó que el debate debe enfocarse en establecer una regulación clara para estas plataformas, especialmente considerando los riesgos asociados a la ludopatía y la protección de menores de edad.
“Porque al final del día, el hecho de cobrar el IVA reconoce la existencia y valida la existencia de estas plataformas. Yo creo que acá no basta con reconocerlas y cobrar IVA; es necesario regular para que la ludopatía, sobre todo en menores de 18 años, se pueda controlar”, señaló.
La parlamentaria agregó que la decisión adoptada por el SII podría haber sido apresurada mientras no exista una definición legislativa respecto del funcionamiento de estas empresas en Chile.
Proyecto sigue en trámite en el Senado
La discusión sobre las casas de apuestas online no es nueva. Durante la última semana del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera ingresó al Congreso un proyecto de ley destinado a regular esta actividad en el país.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados durante 2023 y posteriormente pasó al Senado, donde actualmente permanece en tramitación.
Mientras el debate legislativo continúa, la decisión del SII volvió a instalar la discusión sobre la necesidad de otorgar certeza jurídica a una industria que opera en una zona gris regulatoria y que sigue generando diferencias entre organismos del Estado, actores políticos y representantes del sector privado.