Una investigación de más de un año permitió a la PDI y la Fiscalía desarticular una sofisticada red criminal vinculada a la emisión de facturas falsas, obtención fraudulenta de créditos bancarios y lavado de activos. La denominada Operación Black Jack, nueva arista de Operación Imperio, culminó con siete detenidos en tres regiones del país y reveló un millonario esquema de defraudación que incluía empresas de papel, testaferros y maquinaria industrial avaluada en casi $500 millones.


Un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía Supraterritorial y la Fiscalía Regional de La Araucanía permitió la detención de siete personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a delitos tributarios, bancarios y lavado de activos.

La investigación, denominada «Operación Black Jack«, corresponde a una nueva arista de la denominada Operación Imperio y permitió establecer la existencia de una estructura destinada a crear sociedades instrumentales para simular operaciones comerciales, emitir facturas falsas, obtener créditos bancarios de manera fraudulenta y concretar diversas estafas.

Según los antecedentes reunidos durante más de un año de investigación, los fondos obtenidos ilícitamente eran utilizados para adquirir bienes de alto valor que posteriormente eran inscritos a nombre de familiares o terceros con el objetivo de ocultar su verdadero origen.

Detenciones se realizaron en tres regiones del país

El jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros de Temuco, subprefecto Daniel Araneda Suazo, explicó que las diligencias culminaron este fin de semana con la captura de los integrantes de la organización.

«La investigación de más de un año culminó con la detención de estas personas vinculadas a una asociación delictiva dedicada a la defraudación, lavado de dinero y estafas a empresas, entidades bancarias y particulares», señaló.

Las aprehensiones fueron concretadas en las regiones de La Araucanía, Región Metropolitana y Los Ríos.

Maquinaria industrial avaluada en $478 millones fue adquirida mediante fraude

Durante el desarrollo de las diligencias, los detectives descubrieron una empresa utilizada para adquirir fraudulentamente maquinaria industrial de alto valor económico.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los equipos eran ocultados en distintos sectores del sur del país y alcanzaban un avalúo cercano a los 478 millones de pesos.

Principal imputado era considerado el «mentor» de Operación Imperio

El fiscal de la Fiscalía Supraterritorial, Enrique Vásquez Inostroza, indicó que uno de los principales imputados mantenía estrechos vínculos con los líderes de la Operación Imperio.

«Era conocido como el mentor por los líderes de la Operación Imperio, debido a que participaba en esta estructura criminal en su calidad de contador y socio de los negocios ilícitos«, explicó el persecutor.

Por su parte, el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, sostuvo que desde 2018 el imputado habría desarrollado mecanismos para concretar defraudaciones mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas.

Facturas falsas permitían obtener créditos y facilitar comercialización de madera robada

Según detalló Garrido, el modus operandi consistía en crear empresas con aparentes altos patrimonios y movimientos tributarios para generar una imagen de solvencia financiera que facilitara la obtención de créditos bancarios.

Asimismo, el fiscal afirmó que el imputado cumplía un rol relevante en la comercialización de madera sustraída en la provincia de Malleco, mediante la generación de documentación tributaria falsa que permitía aumentar créditos fiscales para quienes participaban de estas operaciones.

Tribunal decretó prisión preventiva para principal imputado

Los siete detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para el respectivo control de detención y formalización.

Tras la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el principal imputado, mientras que los otros seis involucrados quedaron sujetos a firma quincenal y arraigo nacional durante el desarrollo de la investigación.

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