El organismo fiscalizador detectó diferencias superiores a $1.071 millones en la rendición de fondos SEP, compras directas sin licitación y ordenó instruir procesos disciplinarios para establecer eventuales responsabilidades administrativas.
El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Temuco enfrenta un complejo escenario luego que la Contraloría General de la República (CGR) detectara una serie de irregularidades administrativas y financieras en una fiscalización realizada a la gestión de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), ordenando además la instrucción de sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Las observaciones se suman a la controversia que enfrenta actualmente la dirección encabezada por Rodrigo Garrido por el eventual cierre de escuelas rurales, ampliando el foco sobre la administración del sistema municipal de educación.
Contraloría detectó una diferencia superior a $1.071 millones en fondos SEP
Uno de los principales hallazgos del informe corresponde a una diferencia de $1.071.584.857 entre el saldo conciliado de la cuenta bancaria destinada a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y los recursos informados a la Superintendencia de Educación al cierre del año 2023.
Según la Contraloría, al 31 de diciembre de ese año la cuenta corriente N° 66108071 del Banco de Crédito e Inversiones registraba un saldo bancario de $4.294.033.667. Sin embargo, luego de considerar cheques girados pendientes de cobro y otros movimientos no contabilizados, el saldo conciliado alcanzaba $3.526.329.988.
Al comparar esa cifra con los $2.454.745.131 informados oficialmente a la Superintendencia de Educación, el organismo fiscalizador detectó una diferencia superior a los mil millones de pesos.
Por esta razón, la Contraloría otorgó al DAEM un plazo de 60 días hábiles para aclarar el origen de la discrepancia y acreditar documentalmente la correcta utilización de los recursos.
Ordenan devolver más de $6 millones por salida pedagógica no acreditada
El informe también detectó observaciones respecto del uso de recursos SEP en la Escuela Labranza.
La investigación estableció que el establecimiento no pudo acreditar que una salida pedagógica financiada con estos recursos estuviera contemplada dentro de su Plan de Mejoramiento Educativo (PME).
Como consecuencia, la Contraloría instruyó al DAEM reintegrar $6.256.809 a la cuenta de la Subvención Escolar Preferencial y regularizar la correspondiente rendición de cuentas.
Compras directas sin licitación vulneraron la Ley de Compras Públicas
Otro de los aspectos considerados más relevantes por el órgano contralor dice relación con seis contrataciones realizadas mediante trato directo.
Según el informe, el municipio utilizó la causal de emergencia prevista en la Ley N° 19.886 para contratar servicios de coctelería, compra de alimentos, transporte de estudiantes y servicios de amplificación por un monto total de $9.202.237.
No obstante, la Contraloría concluyó que dichas adquisiciones no correspondían a situaciones de emergencia, urgencia o imprevisto que justificaran prescindir de un proceso de licitación pública.
La observación apunta a un eventual incumplimiento de la Ley de Compras Públicas y de los principios de libre concurrencia y competencia entre oferentes.
Contraloría ordena instruir sumarios administrativos
Producto de las observaciones detectadas, la Contraloría instruyó al DAEM iniciar procesos disciplinarios para investigar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
El organismo fiscalizador estableció un plazo de 15 días hábiles para remitir el acto administrativo que ordene dichos sumarios a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República.
Asimismo, recomendó fortalecer la planificación anual de las adquisiciones, identificar oportunamente las necesidades del servicio y utilizar los mecanismos de compra establecidos en la legislación vigente para evitar nuevas irregularidades.
Las observaciones deberán ser respondidas por el Departamento de Educación Municipal dentro de los plazos fijados por el organismo contralor, el que evaluará posteriormente si las medidas adoptadas permiten subsanar las deficiencias detectadas o si corresponde iniciar nuevas acciones de fiscalización.