El actual fiscal regional de La Araucanía podría dejar el cargo tres años antes de concluir su período para asumir la conducción del Ministerio Público en Biobío. Su eventual nombramiento se produce en medio de diversas controversias que han marcado su gestión durante los últimos años.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, definiría durante esta jornada al próximo fiscal regional del Biobío, proceso en el que el actual fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, aparece como uno de los principales candidatos luego de integrar la terna final del concurso público.
De concretarse su designación, Garrido dejaría la Fiscalía Regional de La Araucanía antes de completar el período para el cual fue nombrado, situación que ha generado debate respecto del mecanismo que permite a fiscales regionales postular a otra fiscalía antes de cumplir los ocho años establecidos para el ejercicio del cargo.
El proceso de selección también ha despertado interés debido a que en la terna participan otros fiscales con trayectoria en la Región del Biobío, por lo que la decisión del fiscal nacional será observada con atención tanto al interior del Ministerio Público como por distintos actores del mundo judicial.
Designación llega en medio de una serie de cuestionamientos públicos
La eventual llegada de Garrido a la Fiscalía Regional del Biobío ocurre en un escenario marcado por diversas controversias que han acompañado su gestión durante los últimos meses.
Entre ellas figura la querella presentada por el exdiputado Mauricio Ojeda, en la que se relatan hechos ocurridos durante 2023, cuando el entonces gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, recibió al fiscal regional en una reunión realizada en dependencias del Gobierno Regional.
Según los antecedentes contenidos en esa acción judicial, Garrido habría planteado la posibilidad de financiar mediante recursos del Gobierno Regional la adquisición de un software para fortalecer la persecución penal, iniciativa cuyo costo bordearía los $180 millones y que sería desarrollada por la Fundación Paz Ciudadana.
Hasta ahora, esos antecedentes forman parte de una acción judicial y deberán ser resueltos por las instancias correspondientes.
Caso Universidad Autónoma generó solicitudes de inhabilidad
Otro episodio que generó críticas públicas fue la decisión del fiscal regional de mantenerse al frente de la investigación relacionada con la Universidad Autónoma de Chile.
Diversas voces cuestionaron que Garrido no se inhabilitara considerando que su cónyuge desarrolla funciones laborales en esa casa de estudios.
Incluso, el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, solicitó públicamente que el persecutor se marginara de la investigación para evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
Sin embargo, Garrido rechazó esa posibilidad, argumentando que la investigación se dirigía contra personas naturales y no contra la institución educacional.
Reportaje expuso millonarias contrataciones mediante trato directo
A las controversias anteriores se sumó un reportaje publicado recientemente por el medio de investigación Interferencia, que reveló una serie de contrataciones realizadas por el Ministerio Público con la consultora Suma Cuatro Consultores.
Según la publicación, entre 2024 y 2026 la institución adjudicó tres contratos por un monto cercano a los $830 millones destinados al desarrollo de una plataforma tecnológica para la atención de víctimas y testigos.
Dentro de esos procesos, Roberto Garrido firmó una ampliación contractual superior a $95 millones cuando ejercía como fiscal nacional subrogante.
El reportaje también expuso que una de las propietarias de la empresa corresponde a una funcionaria pública y analizó la utilización de la modalidad de trato directo para concretar las contrataciones, antecedentes respecto de los cuales el Ministerio Público no había emitido una respuesta al cierre de la publicación.
Expectación por la decisión del fiscal nacional
La resolución del concurso debería conocerse durante las próximas horas.
En caso de confirmarse el nombramiento de Roberto Garrido como fiscal regional del Biobío, el Ministerio Público deberá iniciar un nuevo proceso para designar a quien asumirá la conducción de la Fiscalía Regional de La Araucanía.
La eventual salida anticipada del persecutor también volverá a instalar el debate sobre el sistema de nombramiento de fiscales regionales y la posibilidad de que estos postulen a otro cargo antes de concluir el período para el cual fueron designados originalmente, una situación que en los últimos años ha sido objeto de críticas desde distintos sectores del mundo jurídico y político.
La decisión de Ángel Valencia será seguida de cerca tanto por el Ministerio Público como por autoridades regionales y actores del sistema de justicia, considerando que la Fiscalía Regional del Biobío es una de las más relevantes del país por volumen de causas y complejidad de las investigaciones que lidera.