El conflicto entre Mauricio Ojeda y el exfiscal regional Roberto Garrido escala de las declaraciones a los tribunales y coincide con su salida de La Araucanía, reabriendo el debate político e institucional en la región.
Durante meses, el conflicto entre el exdiputado Mauricio Ojeda y el entonces fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido escaló desde declaraciones públicas hasta una acción judicial que hoy sigue en curso. Lo que partió como una crítica política terminó instalándose en tribunales… y ahora también en un cambio institucional de alto impacto.
La historia no es menor: incluye acusaciones de “politización”, una querella por presunto tráfico de influencias y una decisión del Ministerio Público que reordena el mapa regional de la Fiscalía. En simple: choque frontal entre poder político y poder persecutor, versión Araucanía.
De los micrófonos a los tribunales: el conflicto que escaló sin freno
Durante meses, Ojeda acusó públicamente a Garrido de haberse transformado en un “actor político”, cuestionando su rol al frente del Ministerio Público en la región.
El punto de quiebre llegó en abril, cuando el exdiputado presentó una querella criminal en su contra, imputando un presunto delito de tráfico de influencias vinculado a gestiones por cerca de $200 millones destinados a una fundación. La acción fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Temuco, dando inicio formal a su tramitación.
Desde ese momento, el conflicto dejó de ser solo discursivo: entró de lleno al sistema judicial.
El giro: Garrido sale de La Araucanía y asume en el Biobío
En medio del proceso judicial aún activo, el Fiscal Nacional Ángel Valencia designó a Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío. El cambio implica su salida anticipada de La Araucanía antes de completar su período.
El nombramiento ha sido leído en distintos sectores como una decisión administrativa normal dentro del Ministerio Público, pero también como un movimiento que inevitablemente se cruza con los cuestionamientos recientes a su gestión.
¿Reconocimiento o reordenamiento político-institucional?
El punto que queda sobre la mesa es incómodo —y bien político—: ¿este cambio responde a una trayectoria que debía ser promovida o a una etapa marcada por alta tensión pública y judicialización del conflicto?
Mientras tanto, la querella presentada por Ojeda sigue su curso en tribunales, lo que mantiene abierto el flanco judicial entre ambos protagonistas.
En otras palabras: el capítulo administrativo se cerró, pero el capítulo judicial recién está calentando motores.
Y en la clase política regional, el tema ya dejó de ser susurro… ahora es conversación de pasillo con volumen alto.