Un oferente cuestionó el proceso de licitación N° 1013353-10-LR26 y acudió al Tribunal de Contratación Pública. Tras una conciliación ratificada ante el organismo, se acusa que la comisión evaluadora habría vuelto a declarar inadmisibles las ofertas cuestionadas. Los antecedentes podrían derivar en nuevas acciones judiciales y una presentación ante Contraloría.
Un proceso de licitación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Barrancas quedó bajo cuestionamiento luego de que un oferente acusara eventuales irregularidades en el desarrollo del procedimiento y planteara un posible incumplimiento de un acuerdo alcanzado ante el Tribunal de Contratación Pública.
Los antecedentes se relacionan principalmente con la Licitación Pública N° 1013353-10-LR26, proceso en el que se habrían presentado reparos respecto de las condiciones de participación, los criterios de admisibilidad y la forma en que fueron evaluadas las ofertas.
La controversia llegó al Tribunal de Contratación Pública mediante la Causa Rol N° 277-2026, luego de que uno de los oferentes cuestionara que las condiciones establecidas durante el proceso habrían afectado la igualdad de participación.
El origen del conflicto
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el oferente presentó una acción ante el Tribunal cuestionando aspectos relacionados con la aplicación de los criterios de admisibilidad, evaluación y ponderación establecidos en las bases de la licitación.
El caso derivó en una audiencia de conciliación realizada el 13 de julio de 2026, instancia en la que las partes habrían alcanzado un acuerdo.
Según los antecedentes, el acuerdo fue ratificado por el abogado de la Unidad Jurídica del SLEP Barrancas.
Posteriormente, con fecha 14 de julio, la parte demandante habría presentado su desistimiento para que los antecedentes fueran incorporados y considerados dentro del procedimiento de licitación.
Sin embargo, el conflicto no habría terminado allí.
Nueva evaluación vuelve a generar cuestionamientos
Según los antecedentes proporcionados a este medio, el 27 de julio de 2026 la comisión evaluadora del SLEP Barrancas volvió a reunirse para realizar la apertura de las ofertas.
En esa instancia, de acuerdo con la denuncia, nuevamente habrían sido declarados inadmisibles algunos de los oferentes que habían recurrido previamente al Tribunal.
Esta situación habría motivado nuevos cuestionamientos respecto del cumplimiento del acuerdo alcanzado durante la conciliación.
Los antecedentes fueron posteriormente revisados por el Tribunal de Contratación Pública, donde el juez titular Johans Saravia Carreño habría solicitado al servicio evaluar las ofertas conforme a lo establecido en el acuerdo alcanzado entre las partes.
El punto central de la controversia es, precisamente, determinar si las actuaciones posteriores de la comisión evaluadora se ajustaron a lo acordado ante el tribunal.
Eventuales nuevas acciones judiciales
A raíz de esta situación, según información conocida por este medio, se evaluaría la presentación de una medida cautelar destinada a solicitar la suspensión del procedimiento de licitación o, en caso de que ya se hubiese concretado, del proceso de adjudicación.
La acción buscaría evitar que el procedimiento avance mientras se determina si existió un incumplimiento de lo acordado durante la conciliación.
También se podría solicitar al tribunal un apercibimiento para que el SLEP revise nuevamente las propuestas involucradas, de acuerdo con los términos establecidos en el acuerdo judicial.
Las consecuencias de una eventual resolución desfavorable para el servicio dependerán de lo que determine el propio Tribunal de Contratación Pública y de los antecedentes que sean acreditados durante el procedimiento.
Antecedentes también llegarían a Contraloría
En paralelo a las acciones judiciales, los antecedentes podrían ser presentados ante la Contraloría General de la República, con el objetivo de solicitar una revisión de la legalidad del proceso de contratación.
Según la información recabada, entre las solicitudes estaría la posibilidad de suspender el proceso mientras se revisan sus antecedentes y determinar si corresponde iniciar una investigación administrativa.
También se buscaría establecer eventuales responsabilidades respecto de las actuaciones de la dirección del servicio y de los integrantes de la comisión evaluadora.
Por ahora, cualquier eventual responsabilidad administrativa deberá ser determinada por los organismos competentes y a partir de una investigación formal.
Transparencia y probidad en compras públicas
El caso vuelve a poner el foco en los mecanismos de control de las compras públicas, particularmente cuando los procesos involucran recursos destinados a la gestión educacional.
Las licitaciones de los servicios locales de educación contemplan distintas etapas, entre ellas la admisibilidad de las ofertas, evaluación técnica y económica y posterior adjudicación, bajo principios de transparencia, igualdad entre los oferentes y probidad administrativa.
Por ello, uno de los aspectos centrales que deberá esclarecerse es si el procedimiento cuestionado se ajustó a las bases de licitación y, posteriormente, a los términos del acuerdo alcanzado ante el Tribunal de Contratación Pública.
Las preguntas que quedan abiertas
Mientras avanzan las acciones que eventualmente puedan presentar los involucrados, persisten varias interrogantes respecto del proceso.
Entre ellas, si la dirección ejecutiva del SLEP Barrancas conocía oportunamente las actuaciones judiciales; cómo fue interpretado por la comisión evaluadora el acuerdo alcanzado ante el Tribunal; si todas las ofertas fueron revisadas bajo los mismos criterios y si existen otros procesos de licitación desarrollados bajo circunstancias similares.
También deberá determinarse si las actuaciones cuestionadas tuvieron algún efecto sobre la igualdad de condiciones entre los oferentes o sobre la legalidad del procedimiento.
Hasta ahora, los antecedentes corresponden a cuestionamientos planteados en el marco de un proceso judicial y a acciones que podrían ser presentadas ante organismos fiscalizadores. Por ello, serán el Tribunal de Contratación Pública y, eventualmente, la Contraloría General de la República, los organismos llamados a establecer si existieron incumplimientos y eventuales responsabilidades.
Este medio solicitó conocer la posición del SLEP Barrancas respecto de los hechos expuestos y se mantiene atento a un pronunciamiento oficial que permita aclarar el desarrollo del proceso y sus distintas etapas.