La controversia se originó por la exclusión de una empresa del proceso para contratar salidas pedagógicas. Tras una conciliación que contemplaba retrotraer la licitación y solicitar nuevas garantías a los oferentes, la firma reclamante acudió nuevamente al Tribunal.


El Tribunal de Contratación Pública volvió a intervenir en la controvertida licitación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Barrancas para el suministro de salidas pedagógicas a establecimientos educacionales, proceso que involucra recursos por más de $450 millones.

La licitación, identificada con el ID 1013353-10-LR26, ya había sido objeto de una presentación ante el tribunal especializado y posteriormente de un proceso de conciliación entre el organismo público y una empresa participante.

El nuevo conflicto se centra en el cumplimiento de los compromisos adoptados durante dicha conciliación y en la posterior evaluación de las ofertas.

Una licitación cuestionada ante el Tribunal

El caso se inició luego de que una empresa reclamante cuestionara su exclusión del proceso licitatorio.

Según los antecedentes expuestos en la presentación judicial, la firma sostuvo que su oferta habría sido descartada debido a un error que atribuía a la propia administración.

La primera audiencia de conciliación se desarrolló el 25 de junio de 2026. En esa oportunidad, el SLEP Barrancas informó que había iniciado un procedimiento de invalidación de la licitación y que evaluaba retrotraer el proceso hasta la etapa de apertura de las ofertas.

Ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo, el Tribunal suspendió la audiencia y fijó una nueva fecha para continuar las conversaciones entre las partes.

La segunda audiencia se realizó el 13 de julio de 2026, instancia en la que, de acuerdo con los antecedentes presentados ante el Tribunal, las partes alcanzaron un acuerdo de conciliación que quedó registrado formalmente en el acta correspondiente.

El acuerdo contemplaba nuevas garantías

Como parte de la conciliación, el SLEP Barrancas presentó la Resolución Exenta N.º 1.124, de fecha 8 de julio de 2026, mediante la cual invalidó el proceso licitatorio y dispuso retrotraerlo hasta la etapa de apertura de las ofertas.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo fue el compromiso de solicitar a todos los oferentes la renovación de las garantías de seriedad de sus ofertas.

A su vez, la empresa reclamante se comprometió a presentar un escrito de desistimiento, considerando que sus pretensiones habrían quedado satisfechas con las medidas acordadas durante la conciliación.

Sin embargo, el conflicto volvió a abrirse semanas después.

Nueva evaluación reaviva la controversia

El 27 de julio se realizó una nueva evaluación de las ofertas. Posteriormente, el SLEP Barrancas aprobó dicha evaluación mediante la Resolución Exenta N.º 1.192, de 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con lo señalado por la empresa reclamante en su presentación judicial, durante esta nueva etapa no se habría solicitado a todos los oferentes la renovación de las garantías de seriedad, pese a que dicha medida habría formado parte del acuerdo alcanzado ante el Tribunal.

La empresa sostiene que esta situación terminó nuevamente con su oferta declarada inadmisible, debido a que la garantía presentada tenía una fecha de vencimiento inferior a la exigida originalmente en las bases de la licitación.

En su presentación, la firma califica lo ocurrido como un eventual incumplimiento del acuerdo de conciliación y argumenta que su exclusión se produjo por una circunstancia que, según su interpretación, debía ser subsanada mediante la solicitud de nuevas garantías a todos los participantes.

Empresa pide intervención del Tribunal

Ante este escenario, la empresa reclamante solicitó nuevamente la intervención del Tribunal de Contratación Pública.

Entre sus peticiones, pidió que el organismo público dé cumplimiento al acuerdo alcanzado durante la conciliación y que se deje sin efecto la Resolución Exenta N.º 1.192, vinculada a la nueva evaluación y adjudicación del proceso.

La presentación también invoca los principios de buena fe y probidad administrativa, argumentando que las actuaciones posteriores del SLEP no serían coherentes con los compromisos asumidos durante el proceso de conciliación.

El planteamiento deberá ser analizado por el Tribunal, que deberá determinar el alcance del acuerdo alcanzado entre las partes y si las actuaciones posteriores del organismo público se ajustaron a lo convenido.

Una licitación que continúa bajo escrutinio

La controversia mantiene bajo revisión judicial un proceso que supera los $450 millones y cuyo objetivo es contratar servicios asociados a salidas pedagógicas para establecimientos dependientes del SLEP Barrancas.

El caso pone nuevamente el foco en los procedimientos de contratación pública, particularmente en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante instancias de conciliación y en las condiciones aplicadas a los distintos oferentes.

Mientras el Tribunal analiza los antecedentes, la disputa entre la empresa reclamante y el SLEP Barrancas mantiene en suspenso un proceso licitatorio que ya había sido invalidado y retrotraído precisamente para corregir los aspectos cuestionados.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

no estas autorizado para copiar este contenido