La presentación solicita fiscalizar el destino de alimentos adquiridos para la actividad, un supuesto consumo de productos por funcionarios del DAEM y un eventual consumo de alcohol durante la jornada laboral. También pide revisar el cumplimiento de la normativa educacional.
Una denuncia que solicita fiscalizar el uso de recursos públicos y el cumplimiento de la normativa educacional fue presentada ante la Contraloría Regional de La Araucanía, a raíz del Primer We Tripantü Escolar Comunal realizado en Lautaro el pasado 17 de junio.
La presentación fue realizada bajo reserva de identidad por quien señala tener temor a eventuales represalias, y apunta a revisar distintos aspectos relacionados con la actividad, en la que participaron más de 25 establecimientos educacionales y que contó con la presencia del alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo Galindo; el coordinador del DAEM, Edison Tropa Sandoval; y la jefa de UTP DAEM, Mercedes Hernández Zapata.
La actividad fue presentada públicamente como una instancia destinada a relevar la cosmovisión mapuche y fortalecer la educación intercultural en la comuna. Sin embargo, la denuncia sostiene que, posteriormente, surgieron antecedentes que —a juicio del denunciante— ameritarían una revisión de la forma en que fue organizada, financiada y ejecutada.
Uno de los principales puntos planteados ante Contraloría apunta al eventual uso de recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial, SEP, para financiar alimentos utilizados durante la jornada.
La presentación advierte que, si efectivamente productos como carne, bebidas u otros alimentos fueron adquiridos con recursos SEP destinados a los establecimientos educacionales, correspondería determinar cuál fue su destino una vez finalizada la actividad y si su utilización posterior se ajustó a los objetivos y normas que regulan este tipo de subvención.
En ese contexto, la denuncia sostiene que alimentos que habrían quedado como excedentes del We Tripantü fueron trasladados hasta dependencias del DAEM, donde funcionarios que participaron en la organización de la actividad habrían preparado una discada durante la jornada laboral.
Este punto constituye uno de los aspectos centrales de la solicitud de fiscalización, ya que el denunciante plantea que, de comprobarse que dichos productos fueron financiados con fondos SEP, debería establecerse si podían ser utilizados por funcionarios adultos o si correspondía otro destino conforme a la normativa aplicable.
La presentación también solicita determinar el origen de los recursos utilizados para adquirir los alimentos y, eventualmente, otros productos consumidos durante la actividad posterior. En particular, pide esclarecer si existieron gastos con cargo a recursos públicos y bajo qué partidas presupuestarias fueron registrados.
Una segunda arista: el supuesto consumo de alcohol
La denuncia incorpora además una acusación de mayor gravedad: un supuesto consumo de bebidas alcohólicas al interior de las dependencias del DAEM durante la jornada laboral posterior al We Tripantü.
De acuerdo con el documento ingresado a Contraloría, mientras algunos funcionarios participaban en la preparación de la discada, otros habrían consumido alcohol en las dependencias administrativas.
Se trata de una afirmación que deberá ser acreditada o descartada mediante la eventual investigación correspondiente. La presentación solicita específicamente a Contraloría fiscalizar si existió autorización para una celebración de estas características durante horario laboral y determinar quién habría autorizado su realización.
El documento agrega que algunos funcionarios que no participaron de la actividad habrían observado posteriormente a compañeros que regresaban a sus oficinas para recoger sus pertenencias, presuntamente bajo los efectos del alcohol. Este antecedente también forma parte de la denuncia y no constituye, por sí solo, un hecho acreditado.
¿Actividad pedagógica o salida que debía cumplir otra normativa?
Otro de los puntos planteados se relaciona con la forma en que los estudiantes fueron trasladados desde sus establecimientos hasta el Parque Isabel Riquelme, lugar donde se desarrolló el We Tripantü.
La denuncia solicita determinar si los desplazamientos de los alumnos debieron ser informados previamente al Departamento Provincial de Educación y si se cumplieron los requisitos establecidos en la normativa educacional citada en la presentación.
El denunciante plantea además que algunos establecimientos eventualmente no habrían solicitado autorización a los apoderados para la participación de sus estudiantes.
Contraloría deberá determinar, si corresponde, si la actividad estaba sujeta a las obligaciones señaladas en la denuncia, qué documentación fue presentada por los establecimientos y si existieron las autorizaciones necesarias para la participación de los alumnos.
Alimentación de los estudiantes bajo la lupa
La presentación también cuestiona los alimentos que habrían sido entregados durante la jornada escolar.
En particular, solicita revisar si los productos proporcionados a los estudiantes cumplían con las disposiciones sanitarias y nutricionales aplicables al contexto escolar y si contaban con las autorizaciones correspondientes.
Este aspecto abre una segunda línea de revisión: no solamente cuánto se gastó y con qué recursos, sino también qué se adquirió, para quiénes estaba destinado y bajo qué criterios fueron realizadas las compras.
Las preguntas que quedan abiertas
Más allá de las acusaciones contenidas en la presentación, el documento deja una serie de interrogantes cuya respuesta dependerá de los antecedentes administrativos, contables y documentales que puedan ser revisados.
Entre ellas: ¿con qué recursos se financiaron los alimentos del We Tripantü? ¿Se utilizaron fondos SEP de los establecimientos participantes? ¿Qué ocurrió con los productos que quedaron después de la actividad? ¿Fueron ingresados como excedentes, redistribuidos o utilizados posteriormente por funcionarios?
También deberá establecerse si existieron compras de bebidas alcohólicas, quién las habría financiado y si existió alguna autorización administrativa para una eventual actividad de funcionarios durante horario laboral.
A ello se suma la necesidad de determinar cómo fue planificada la actividad desde el punto de vista pedagógico, qué documentación fue enviada por los establecimientos y si se cumplieron las obligaciones administrativas relacionadas con el traslado de estudiantes.
Contraloría deberá determinar los hechos
La presentación no acredita por sí misma la existencia de una eventual irregularidad ni determina responsabilidades administrativas. Su importancia radica en que solicita formalmente al órgano contralor revisar una serie de hechos y documentos que permitirían establecer si existieron infracciones, uso improcedente de recursos públicos o incumplimientos de la normativa educacional.
Entre las medidas solicitadas se encuentra fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre viajes de estudios, verificar eventuales comunicaciones al Departamento Provincial de Educación, revisar los alimentos entregados a los estudiantes, determinar el origen y destino de los recursos utilizados y establecer si existió autorización para una eventual celebración con alimentos y alcohol en dependencias del DAEM durante horario laboral.
El caso queda así abierto a una eventual revisión de los antecedentes administrativos y financieros. Si la Contraloría acoge la presentación y realiza una fiscalización, serán los documentos de respaldo, órdenes de compra, facturas, rendiciones, autorizaciones y registros administrativos los que deberán establecer qué ocurrió realmente con los recursos utilizados en torno al Primer We Tripantü Escolar Comunal de Lautaro.
Una denuncia ingresada en agosto y sin pronunciamiento conocido
Uno de los antecedentes que agrega relevancia a esta investigación es que la presentación fue ingresada durante el mes de agosto ante la Contraloría Regional de La Araucanía y, hasta ahora, no se conoce un pronunciamiento público del organismo respecto de los hechos denunciados.
La ausencia de una respuesta no permite concluir que la denuncia haya sido acogida, descartada o archivada. Tampoco significa que Contraloría no esté realizando gestiones internas. Sin embargo, sí abre una interrogante respecto del estado actual de la presentación y de las acciones que eventualmente se hayan adoptado a partir de los antecedentes entregados.
Por ello, una de las preguntas que quedan instaladas es si la denuncia fue declarada admisible, si fue derivada a otra unidad u organismo, si se solicitó información al municipio o al DAEM de Lautaro y si existe algún proceso de fiscalización actualmente en curso.
También resulta relevante establecer si el organismo contralor ha requerido antecedentes relacionados con las compras efectuadas para el Primer We Tripantü Escolar Comunal, particularmente aquellas que eventualmente hayan sido imputadas a recursos SEP de los establecimientos participantes.
Hasta el cierre de esta nota, y de acuerdo con los antecedentes disponibles para esta investigación, no se ha informado públicamente de un pronunciamiento respecto de los hechos contenidos en la presentación.
La situación deja abierta una serie de preguntas que resultan centrales para determinar el destino de los recursos utilizados en la actividad: ¿qué se compró?, ¿con qué fondos se pagó?, ¿quién autorizó las adquisiciones?, ¿cómo fueron rendidos los gastos?, ¿qué ocurrió con los alimentos que quedaron después de la actividad? y, especialmente, ¿existe respaldo documental que permita establecer si esos recursos fueron utilizados conforme a los fines de la Subvención Escolar Preferencial?
La eventual respuesta de Contraloría podría ser determinante para establecer si los hechos denunciados corresponden a una situación administrativa regular o si, por el contrario, existen antecedentes que ameriten profundizar una investigación y determinar eventuales responsabilidades.