De las 188 asignaciones analizadas por la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile, 86 disminuyeron sus recursos durante los primeros seis meses del año. Otras 54 registraron rebajas superiores al 3%, mientras solo 12 aumentaron su presupuesto.
Casi la mitad de las asignaciones presupuestarias dirigidas directamente a niños, niñas y adolescentes registró una disminución durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el Informe de Política Pública N°7 elaborado por la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile.
El estudio comparó los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos 2026 con los montos vigentes a junio de este año. En total, fueron analizadas 188 asignaciones destinadas directamente a programas, prestaciones o instituciones vinculadas con la niñez y adolescencia.
De ese universo, 86 asignaciones, equivalentes al 45,7%, registraron una reducción. Otras 90 no presentaron variaciones y solo 12, correspondientes al 6,4%, aumentaron sus recursos. Además, 54 asignaciones tuvieron rebajas superiores al 3%.
Los resultados se conocen en medio del ajuste fiscal aplicado durante 2026, que contempló una reducción transversal del 3% del presupuesto vigente de los organismos de la Administración del Estado.
El efecto del ajuste presupuestario
Aunque en términos agregados los recursos considerados en el análisis disminuyeron apenas 0,1%, equivalente a $12.438 millones, el resultado está condicionado por un incremento de $71.216 millones registrado en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Al excluir ese aumento, los restantes programas e instituciones analizados presentan una disminución de $83.654 millones respecto de los recursos aprobados inicialmente para 2026. Esto representa una caída de 0,8%.
El informe advierte que las cifras presupuestarias, por sí solas, no permiten determinar cuál será el efecto concreto de estas reducciones sobre la cobertura o calidad de las prestaciones destinadas a niños, niñas y adolescentes.
Para establecer ese impacto se requiere contar también con información sobre el número de personas atendidas, las prestaciones efectivamente entregadas, las metas comprometidas y el nivel de oportunidad y calidad con que estas se cumplen.
Reducciones en áreas vinculadas a la niñez
Las disminuciones identificadas abarcan distintos ámbitos relacionados con la infancia y adolescencia, entre ellos primera infancia, protección especializada, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.
Uno de los casos mencionados corresponde a la asignación de Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, vinculada al sistema de protección especializada, que registró una disminución del 28%.
En educación, las principales reducciones sectoriales identificadas se concentran en infraestructura pública. Dos de las principales líneas de mejoramiento registraron disminuciones de $14.600 millones, equivalentes a un 28,1%, y de $14.048 millones, correspondientes a un 20,5%.
La Defensoría de la Niñez y UNICEF advierten, sin embargo, que no todas las reducciones presupuestarias necesariamente implican un deterioro de las prestaciones. Algunas modificaciones pueden estar relacionadas con niveles de ejecución, medidas de eficiencia o reasignaciones de recursos.
Por esa razón, el informe plantea la necesidad de que las disminuciones cuenten con una justificación técnica clara y que exista información suficiente para evaluar sus posibles consecuencias sobre los derechos y servicios destinados a la población infantil.
Defensoría pide resguardar la prioridad de la niñez
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que las restricciones fiscales no deberían traducirse en una pérdida de prioridad para niños, niñas y adolescentes.
“Frente a situaciones de emergencia o contingencias económicas, los niños, niñas y adolescentes deben ser priorizados adecuadamente”, señaló.
La autoridad agregó que esto no significa desatender la eficiencia del gasto público, sino asegurar que los ajustes que sean necesarios y estén debidamente justificados permitan mejorar la calidad de los servicios públicos y mantener la inversión en áreas prioritarias para la niñez.
Desde UNICEF Chile, su representante, Violet Speek Warnery, vinculó el debate presupuestario con los cambios demográficos que atraviesa el país.
“Que nazcan menos niños y niñas no disminuye la necesidad de invertir en ellos”, sostuvo, planteando que el escenario demográfico aumenta la importancia de garantizar acceso a educación, protección, salud mental y oportunidades de calidad.
El desafío de cara al Presupuesto 2027
El informe también fija la mirada en la próxima discusión presupuestaria. De cara a la Ley de Presupuestos 2027, la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile recomiendan resguardar la prioridad presupuestaria de niños, niñas y adolescentes y fortalecer los mecanismos de seguimiento de la inversión pública destinada a este grupo.
Entre las áreas que plantean monitorear con especial atención se encuentran los programas preventivos y de apoyo temprano, particularmente aquellos relacionados con primera infancia, protección integral, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.
El cambio demográfico ocupa también un lugar relevante en el análisis. La disminución de la población infantil puede modificar determinadas necesidades de cobertura, pero no reduce las obligaciones del Estado en materia de garantía de derechos.
Según el informe, este escenario puede convertirse en una oportunidad para aumentar la inversión por niño, mejorar la calidad de los servicios y avanzar en el cierre de brechas que persisten en distintas áreas.
El Informe de Política Pública N°7 de la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile se encuentra disponible en el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez.