Un oficio firmado por el alcalde Ricardo Jaramillo en marzo de 2024 alertó al MOP sobre erosión en el sector del río Cautín y solicitó evaluar técnicamente el Puente Nuevo, además de elaborar un informe sobre el estado de los puentes de Lautaro. Tras el colapso parcial del Puente Viejo, los antecedentes abren nuevas preguntas sobre las inspecciones realizadas, las recomendaciones técnicas y las medidas adoptadas antes de la emergencia.
El colapso parcial del histórico Puente Arturo Alessandri, conocido como Puente Viejo, ocurrido durante el último sistema frontal que afectó a la Región de La Araucanía, volvió a instalar una discusión que trasciende la emergencia y apunta directamente a la gestión preventiva de la infraestructura pública. Mientras las autoridades analizan las condiciones en que se encontraba la estructura y las alternativas para su reemplazo, un documento municipal fechado en marzo de 2024 permite reconstruir parte de las gestiones realizadas antes del colapso y plantea nuevas preguntas respecto de las evaluaciones técnicas efectuadas durante ese período.
Se trata del oficio N.º 218, firmado por el alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo, y dirigido al Ministerio de Obras Públicas. El documento surgió a partir de inquietudes manifestadas por vecinos respecto de la erosión existente en el sector del río Cautín y su eventual incidencia sobre el denominado Puente Nuevo. A partir de esa preocupación, el municipio solicitó a la Dirección de Vialidad una evaluación técnica de dicha estructura.
Sin embargo, el contenido del oficio adquiere hoy una relevancia mayor que la que inicialmente pudo haber tenido. Aunque la preocupación planteada en el documento estaba relacionada específicamente con el Puente Nuevo, la presentación municipal incorporó además una solicitud para que se elaborara un informe respecto del estado de los puentes existentes en la comuna. Por esa razón, el antecedente no permite sostener que la Municipalidad se haya limitado exclusivamente a pedir una revisión del Puente Nuevo. Lo que sí permite establecer es que, en marzo de 2024, existía formalmente una preocupación municipal por las condiciones de infraestructura asociadas al río Cautín y que se solicitó una evaluación de los puentes de Lautaro.
Dos años después, el Puente Viejo sufrió un colapso parcial que obligó a cerrar completamente la estructura y abrió una nueva discusión sobre el estado de sus elementos estructurales, sus fundaciones y las condiciones del cauce sobre el cual se encontraba emplazado. La coincidencia temporal convierte aquel oficio en un antecedente que merece ser revisado junto con los informes técnicos posteriores y anteriores a la emergencia.
La pregunta central, por lo tanto, no es simplemente quién responsabiliza a quién después del colapso. Lo que corresponde establecer es qué información existía antes de septiembre de 2026, qué organismos realizaron inspecciones, cuáles fueron sus conclusiones y qué medidas fueron adoptadas a partir de ellas.
Una solicitud municipal que terminó en una evaluación técnica
Los antecedentes disponibles permiten establecer que la gestión municipal de marzo de 2024 tuvo una respuesta concreta por parte de la Dirección de Vialidad. El 12 de marzo de ese año, profesionales del organismo realizaron una inspección al denominado Puente Cautín Sur, correspondiente al Puente Nuevo ubicado en la ruta hacia Curacautín.
La inspección registró distintas situaciones asociadas a la estructura y sus accesos, entre ellas procesos de socavación y acumulación de material arrastrado por las crecidas del río. El diagnóstico técnico permitió establecer un nivel de daño que requería intervención y recomendó la ejecución de trabajos de conservación y reparación.
El antecedente resulta relevante porque demuestra cómo funcionó, en ese caso concreto, la cadena institucional entre una preocupación planteada formalmente y una evaluación técnica realizada por el organismo competente. El municipio efectuó la presentación, Vialidad inspeccionó la estructura y posteriormente se generaron recomendaciones respecto de las medidas que debían adoptarse.
A partir de ahí aparece el principal vacío que la actual controversia obliga a despejar: qué ocurrió con el resto de los puentes de la comuna y, particularmente, con el Puente Arturo Alessandri.
El oficio municipal no solo planteaba la necesidad de revisar la situación que afectaba al Puente Nuevo. También solicitaba contar con antecedentes sobre el estado de los puentes de Lautaro. Por ello, una investigación completa requiere establecer si aquella solicitud derivó en un informe integral, cuáles fueron las estructuras inspeccionadas, qué observaciones se realizaron y si entre ellas estuvo el Puente Viejo.
Hasta ahora, la documentación disponible permite identificar con claridad la evaluación realizada sobre el Puente Nuevo, pero no permite reconstruir con el mismo nivel de detalle qué diagnóstico técnico existía respecto del Puente Viejo antes de su colapso. Esa diferencia constituye uno de los principales puntos que deberán ser aclarados por los organismos involucrados.
Vialidad y la responsabilidad técnica sobre los puentes fiscales
La discusión también requiere precisar las competencias de cada institución. La Dirección de Vialidad es el organismo técnico del Ministerio de Obras Públicas encargado de las labores relacionadas con la conservación y mantención de la infraestructura vial fiscal. La Secretaría Regional Ministerial del MOP cumple funciones de representación, coordinación y conducción sectorial a nivel regional, pero las inspecciones técnicas y las labores operativas sobre los caminos y puentes fiscales corresponden a los organismos especializados del ministerio.
Esta distinción resulta relevante debido a que, después de la emergencia, parte del debate público se ha concentrado en determinar responsabilidades políticas de autoridades que ocuparon cargos en períodos anteriores.
Sin embargo, una investigación periodística debería separar las responsabilidades políticas de las responsabilidades administrativas y técnicas. Si existió una alerta, debe determinarse quién la recibió. Si hubo una inspección, debe identificarse quién la realizó. Si un informe recomendó determinadas obras, corresponde establecer qué organismo debía ejecutarlas y qué ocurrió posteriormente con esa recomendación.
De la misma manera, si existieron evaluaciones previas sobre el Puente Viejo, esos documentos deberían permitir determinar qué condiciones fueron observadas en la estructura y si se identificaron problemas asociados a sus fundaciones, cepas, tablero, accesos o al comportamiento del cauce.
Por esa razón, atribuir de manera anticipada toda la responsabilidad a una autoridad determinada podría simplificar una cadena institucional que necesariamente involucra a más de un organismo.
El período que falta reconstruir
Entre marzo de 2024 y septiembre de 2026 existe un período de aproximadamente dos años y medio que resulta fundamental para comprender lo ocurrido. Durante ese tiempo pudieron existir inspecciones periódicas, informes de conservación, solicitudes de reparación, proyectos de inversión, comunicaciones entre la Municipalidad y Vialidad o antecedentes relacionados con el comportamiento del río Cautín.
La existencia o inexistencia de esos documentos puede modificar sustancialmente la interpretación del caso.
Si durante ese período se realizaron inspecciones del Puente Viejo y se detectaron condiciones que requerían intervención, será necesario determinar qué medidas fueron recomendadas, quién debía ejecutarlas, si existieron recursos disponibles y cuál fue el nivel de cumplimiento.
Si, por el contrario, no existieron evaluaciones técnicas recientes o no se realizó el informe comunal solicitado en 2024, también será necesario establecer por qué una solicitud formal del municipio no terminó produciendo el diagnóstico esperado.
En ambos escenarios existe una materia de interés público que trasciende la actual disputa política: conocer si el sistema de conservación de la infraestructura permitió detectar oportunamente las condiciones que terminaron afectando a una estructura de casi un siglo de antigüedad.
El río Cautín vuelve a estar en el centro de la discusión
La condición del cauce tampoco puede quedar fuera de la investigación. Durante los últimos años han existido cuestionamientos ciudadanos relacionados con actividades de extracción de áridos en distintos sectores del río Cautín y con sus eventuales efectos sobre la dinámica del cauce y las riberas.
Sin embargo, una cosa es constatar que existen denuncias o cuestionamientos y otra muy distinta es establecer una relación causal entre determinadas actividades y el daño sufrido por el Puente Viejo. Esa conclusión requiere antecedentes técnicos que permitan determinar cómo evolucionó el cauce, qué modificaciones experimentó el lecho del río y cuál fue su incidencia concreta sobre las fundaciones de la estructura.
Por ello, además de revisar los antecedentes de Vialidad, resulta necesario conocer qué fiscalizaciones realizaron los organismos competentes respecto de la extracción de áridos, qué autorizaciones existían, qué condiciones fueron establecidas para esas actividades y si se detectaron modificaciones relevantes en el sector próximo al puente.
La información resulta particularmente importante cuando se analiza una infraestructura cuya estabilidad depende no solamente de sus componentes estructurales, sino también de las condiciones hidráulicas y geotécnicas del lugar donde se encuentra emplazada.
Las preguntas que quedan abiertas
El colapso del Puente Viejo obliga ahora a mirar hacia atrás y reconstruir una cadena de decisiones que comenzó mucho antes de la emergencia de septiembre de 2026. El oficio firmado por Ricardo Jaramillo en marzo de 2024 constituye uno de esos antecedentes, pero por sí solo no permite establecer responsabilidades ni determinar si existieron condiciones que pudieron haber sido advertidas con anterioridad.
Lo que sí permite hacer es identificar una serie de preguntas concretas que deberían ser respondidas mediante documentos oficiales.
La primera es si la solicitud municipal para evaluar el estado de los puentes de Lautaro terminó materializándose en un informe integral y, de ser así, qué conclusiones contenía respecto del Puente Arturo Alessandri.
La segunda es determinar si Vialidad realizó inspecciones del Puente Viejo durante los años anteriores al colapso y cuáles fueron sus resultados. En particular, interesa conocer si existen antecedentes sobre socavación, erosión del cauce, estado de las fundaciones y cepas, capacidad estructural y necesidad de obras de conservación.
También resulta necesario establecer qué comunicaciones existieron entre la Municipalidad de Lautaro, la Dirección de Vialidad y la Seremi del MOP, así como determinar si alguna de esas instituciones recibió advertencias específicas respecto de la estructura.
Finalmente, corresponde conocer qué medidas preventivas se adoptaron y si existieron proyectos, presupuestos o programas de conservación destinados al puente antes de la emergencia.
Responder estas preguntas permitiría pasar de la disputa de declaraciones a una reconstrucción basada en evidencia documental. También permitiría establecer, con mayor precisión, qué responsabilidades correspondían a cada institución y qué decisiones fueron adoptadas —o no adoptadas— antes de que la estructura resultara afectada.
En ese sentido, el oficio de marzo de 2024 no constituye por sí solo una prueba de responsabilidad. Es, más bien, una pieza dentro de un expediente mucho mayor que todavía debe ser reconstruido.
La discusión sobre el futuro del Puente Viejo probablemente continuará durante los próximos meses, especialmente ante la necesidad de definir si la estructura puede ser recuperada o deberá ser reemplazada. Pero junto con determinar qué ocurrirá con el puente, existe otra tarea pendiente: esclarecer qué información tenían las instituciones antes del colapso, qué hicieron con ella y si las medidas de conservación y prevención fueron suficientes.
Para Lautaro, esa respuesta no es solamente parte de una disputa entre autoridades. Es información pública necesaria para comprender por qué una estructura histórica terminó colapsando y, sobre todo, para evitar que una eventual reconstrucción vuelva a enfrentar los mismos riesgos que hoy son objeto de investigación.