La Fiscalía de Temuco investiga a los responsables de la automotora Mmotors luego de que más de 30 personas denunciaran operaciones en las que habrían entregado vehículos para su venta sin recibir posteriormente el dinero acordado. El Ministerio Público indaga eventuales estafas reiteradas y no descarta otros delitos a medida que avanza la investigación.
Una investigación de la Fiscalía de Temuco y la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI busca esclarecer una presunta estafa que hasta ahora afectaría a cerca de 40 personas vinculadas a la automotora Mmotors.
Los antecedentes conocidos apuntan a un mecanismo en el que propietarios entregaban sus vehículos para ser comercializados y, posteriormente, los automóviles eran vendidos sin que los afectados recibieran la totalidad del dinero comprometido.
La investigación se encuentra en desarrollo y el Ministerio Público trabaja en establecer la cantidad de víctimas, el monto total eventualmente defraudado y las responsabilidades que correspondan.
Una camioneta vendida sin conocimiento de su propietario
Uno de los casos que permitió visibilizar la investigación corresponde al de Luis Torres, quien descubrió la situación cuando encontró su camioneta circulando por las calles de Temuco, pese a que no había sido informado de que el vehículo había sido vendido.
De acuerdo con su relato, tras solicitar explicaciones a los responsables de la automotora, se le habría ofrecido inicialmente un abono y posteriormente el pago del dinero pendiente.
El afectado señaló que, al momento de realizar la denuncia, no imaginaba que detrás de su caso podrían existir otros afectados.
“La vendieron, después me dijeron que fue al crédito, cosa que no me dijeron nunca, me pidieron rebaja y que en 25 días me iban a depositar. Nunca ha pasado”, relató Torres.
El denunciante sostuvo además que, al comenzar a conocer otros casos, tomó contacto con personas que aseguran haber enfrentado situaciones similares.
“Nunca me imaginé que era tan profundo esto. Yo destapé la cajita de Pandora”, afirmó.
A partir de estos antecedentes, los primeros denunciantes comenzaron a contactar a otras personas que aseguran haber tenido problemas con la automotora, con el objetivo de reunir información y evaluar acciones legales de manera conjunta.
PDI ya suma más de 30 denuncias
La magnitud de la investigación comenzó a aumentar a medida que nuevos afectados acudieron a la policía.
La Brigada de Delitos Económicos de la PDI ha recibido más de 30 denuncias relacionadas con el caso y, según los antecedentes conocidos, continúan ingresando nuevos reclamos.
Los investigadores buscan establecer si existe un patrón común en las operaciones denunciadas, además de determinar el número definitivo de afectados y el monto total involucrado.
La fiscal Nelly Marabolí explicó que actualmente se desarrollan diversas diligencias destinadas a determinar las responsabilidades penales que correspondan.
“Estamos haciendo diversas diligencias, con el objeto de determinar quiénes son los responsables de estos engaños y eventualmente los montos defraudados, para poder ejercer la acción penal respecto de quienes corresponden desde el segundo semestre de 2025 hasta la fecha”, señaló la persecutora.
La fiscal agregó que, hasta ahora, los hechos están siendo investigados como estafas reiteradas, aunque precisó que no se descarta la existencia de otros delitos dependiendo de los resultados que arrojen las diligencias.
“Sin perjuicio de algún delito de asociación criminal o lavado de activos respecto de las personas que correspondan”, explicó Marabolí.
Fiscalía agrupa las denuncias y cuantifica el eventual perjuicio
Uno de los próximos pasos de la investigación será determinar el monto total del perjuicio económico denunciado por las víctimas.
Para ello, la Fiscalía está recopilando los antecedentes provenientes tanto de las denuncias presentadas ante la PDI como de aquellas ingresadas directamente al Ministerio Público.
La persecutora confirmó además que las distintas causas relacionadas con estos hechos serán agrupadas en una misma investigación, con el objetivo de analizar de manera conjunta los antecedentes y establecer si existe una conexión entre las distintas operaciones denunciadas.
Mientras avanza la investigación, los primeros afectados continúan contactando a otras personas que aseguran haber tenido problemas similares con la automotora.
El Ministerio Público deberá ahora establecer la eventual responsabilidad penal de los involucrados, el número definitivo de víctimas y el monto total de los perjuicios denunciados. Hasta que concluya la investigación y exista una resolución judicial, rige para los imputados el principio de presunción de inocencia.