El municipio desplegó maquinaria, camiones y material en el sector Afunalhue Quetroco ante el deterioro del camino y los problemas de conectividad que afectaban, entre otros, al transporte escolar. La intervención abre interrogantes sobre el cumplimiento del contrato de mantención y la eventual recuperación de los recursos municipales utilizados.
La Municipalidad de Villarrica debió intervenir de manera urgente en el sector Afunalhue Quetroco para enfrentar el deterioro de un camino cuya mantención corresponde a una empresa contratada por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Según informó el municipio, la falta de trabajos oportunos de reperfilado y recargue de material generó dificultades de conectividad y puso en riesgo el tránsito por la vía, afectando especialmente el transporte escolar.
Ante este escenario, la administración comunal dispuso maquinaria, camiones y material para ejecutar labores de emergencia, pese a que el camino no se encuentra bajo tuición municipal.
La situación plantea interrogantes sobre la supervisión de los contratos de mantención de caminos, el cumplimiento de las obligaciones de la empresa responsable y el uso de recursos municipales para atender trabajos que, de acuerdo con los antecedentes entregados por el municipio, ya cuentan con financiamiento público.
Alcalde apunta a retrasos en las labores de mantención
El alcalde de Villarrica, Pablo Astete, explicó que el municipio había realizado gestiones ante Vialidad y la empresa a cargo de los trabajos. Sin embargo, según su versión, las labores necesarias no se concretaron oportunamente.
“ No podíamos quedarnos indiferentes ante esta situación. Por eso dispusimos nuestra maquinaria, camiones y material para atender esta emergencia y apoyar a las familias del sector, mientras esperamos que Vialidad y la empresa responsable cumplan con las labores de mantención que corresponden”, señaló Astete.
Desde el municipio sostuvieron que la intervención tuvo carácter excepcional y buscó evitar una mayor afectación de la conectividad y la seguridad de las familias.
No obstante, el despliegue municipal también implica el uso de personal, maquinaria, transporte y materiales que deben destinarse desde el presupuesto comunal. Por ello, resulta relevante conocer si el municipio solicitará explicaciones formales a Vialidad y qué medidas se adoptarán frente al incumplimiento denunciado.
Sin identificación de la empresa responsable
Uno de los aspectos que queda pendiente es la identificación de la empresa global contratada por Vialidad para realizar la mantención del camino.
En su comunicación, la Municipalidad de Villarrica no informó la razón social de la compañía ni el nombre de su representante legal. Tampoco entregó detalles del contrato, sus plazos, las obligaciones específicas de mantención o las eventuales medidas que podría adoptar el organismo mandante.
Estos antecedentes permitirían establecer con mayor precisión qué trabajos estaban comprometidos, si existieron incumplimientos contractuales y qué mecanismos de fiscalización se aplicaron.
La Dirección de Vialidad y la empresa responsable también podrían aclarar las razones por las que las labores de reperfilado y recargue de material no se habrían ejecutado a tiempo, según lo señalado por la autoridad comunal.
¿Quién asumirá el costo de la intervención municipal?
Los vecinos valoraron la respuesta del municipio, pero insistieron en la necesidad de que Vialidad y la empresa responsable concreten la mantención comprometida.
La principal interrogante ahora es si la Municipalidad de Villarrica adoptará acciones administrativas o legales para recuperar los recursos utilizados en una intervención que, según los antecedentes difundidos, correspondía ejecutar mediante un contrato financiado por el MOP.
Hasta ahora, no se han informado públicamente medidas para obtener el reembolso de esos gastos ni eventuales sanciones contra la empresa.
El caso deja pendiente una cuestión de interés público: si una municipalidad debe destinar recursos propios para suplir labores que corresponden a un contrato financiado por el Estado, ¿qué mecanismos existen para exigir responsabilidades y evitar que esta situación se repita?