El parlamentario pidió investigar un posible delito de administración desleal luego de que el Fondo E registrara una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026. La presentación busca esclarecer si las operaciones financieras cuestionadas consideraron sus riesgos y resguardaron los intereses de los afiliados.
El diputado José Montalva presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen eventuales responsabilidades penales en la administración de los recursos previsionales, tras las pérdidas registradas por el Fondo E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Según los antecedentes expuestos por el parlamentario, el fondo más conservador del sistema previsional chileno acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026. La denuncia busca esclarecer las circunstancias en que se realizaron determinadas operaciones financieras que habrían contribuido a profundizar las pérdidas.
La acción judicial se produce luego de que antecedentes difundidos públicamente dieran cuenta de advertencias sobre los riesgos asociados a inversiones en derivados de tasas de interés. Montalva solicitó que se determine si las administradoras actuaron considerando los riesgos de estas operaciones y si sus decisiones privilegiaron los intereses de los afiliados.
Tras concurrir a Fiscalía, el diputado sostuvo que las pérdidas financieras, por sí solas, no constituyen un delito, pero planteó que es necesario investigar si existieron decisiones contrarias a los intereses de quienes confían sus ahorros previsionales a las administradoras.
“El perder dinero nunca ha sido un delito, sin embargo, si ese dinero se perdió a sabiendas que era una operación riesgosa para beneficiar a las AFP y no al afiliado, podría constituirse el delito de administración desleal que está tipificado en nuestro Código Penal”, afirmó.
¿Qué busca esclarecer la denuncia?
El parlamentario pidió que el Ministerio Público examine los antecedentes disponibles sobre las operaciones financieras cuestionadas y las advertencias que, según información difundida en la prensa, se habrían realizado respecto de sus posibles consecuencias.
El delito de administración desleal está contemplado en el artículo 470 N.º 11 del Código Penal y sanciona determinadas conductas de quienes tienen a su cargo la administración del patrimonio de terceros y ocasionan un perjuicio mediante el abuso de sus facultades o actuaciones contrarias a los intereses de sus titulares.
En este caso, la investigación deberá establecer si las pérdidas respondieron a los riesgos propios del mercado financiero o si existieron actuaciones que pudieran configurar una conducta penalmente sancionable.
“Es por eso que es necesario que se investigue y le vamos a pedir al Ministerio Público mediante esta denuncia que se investiguen los hechos con todos los antecedentes que han salido públicamente en la prensa: que se le había advertido a la AFP que eran riesgosas estas operaciones y que podían ser perjudiciales para los afiliados”, agregó Montalva.
Pérdidas previsionales bajo escrutinio
La presentación busca que la Fiscalía determine si existen antecedentes suficientes para establecer la eventual comisión de un delito y la participación de posibles responsables.
El foco está puesto en esclarecer cómo se evaluaron los riesgos de las operaciones financieras, qué información estaba disponible al momento de tomar las decisiones y si se cumplieron los deberes asociados a la administración de los recursos previsionales.
La denuncia no constituye por sí misma una acreditación de delito ni de responsabilidad penal. Es el Ministerio Público el organismo encargado de investigar los hechos y determinar si corresponde ejercer acciones penales.
Con esta presentación, Montalva busca que se establezca si las pérdidas experimentadas por los afiliados obedecieron exclusivamente a las condiciones del mercado o si existieron decisiones que ameriten una investigación penal.