La Comunidad Claudina Vitayo busca esclarecer un eventual acuerdo entre la Dirección de Vialidad y Alonso Hermosilla, integrante del COSOC comunal, por una vía que la organización sostiene que es vecinal y está dentro de su título de merced. También advierte posibles efectos sobre sus terrenos y la seguridad vial.
La Comunidad Indígena Claudina Vitayo presentó antecedentes ante la Fiscalía y la Contraloría Regional para que se esclarezcan las gestiones realizadas por Alonso Hermosilla, integrante del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de Padre Las Casas, en relación con un camino que la organización identifica como vecinal y ubicado dentro de su título de merced.
El conflicto se centra en las actuaciones judiciales que Hermosilla habría impulsado para que la Dirección Regional de Vialidad asumiera la tutela de la vía, eliminara las restricciones de tonelaje y estableciera un ancho de 12 metros. La comunidad sostiene que no participó en las conversaciones que habrían permitido alcanzar un acuerdo entre las partes ni autorizó al representante del COSOC a negociar en su nombre.
A través de su abogado, Reynier Campos, la organización busca que los organismos competentes revisen los antecedentes y determinen el alcance de las gestiones, así como sus eventuales consecuencias para las familias y los terrenos involucrados.
Recurso de protección y un eventual acuerdo con Vialidad
Según los antecedentes aportados por la comunidad, el 1 de julio Alonso Hermosilla presentó un recurso de protección contra la Dirección Regional de Vialidad. Entre sus solicitudes se encontraba que el camino quedara bajo la tutela del servicio público, que se eliminaran los límites de tonelaje y que la vía alcanzara un ancho de 12 metros.
Posteriormente, el 18 de agosto, Hermosilla se desistió de la acción judicial, señalando que se habría alcanzado un acuerdo con Vialidad.
Este último punto constituye el eje de la controversia. La Comunidad Claudina Vitayo busca conocer el contenido, el alcance y las condiciones de ese eventual entendimiento, además de establecer si las gestiones contemplaron materias que pudieran afectar terrenos de la organización.
Sus dirigentes afirman que no entregaron autorización para que Hermosilla negociara en su representación. Por ello, solicitan que se esclarezca cómo se desarrollaron las conversaciones y qué compromisos, si los hubo, se habrían establecido respecto del camino.
Comunidad advierte riesgos para terrenos y seguridad vial
La organización indígena advierte que una eventual ampliación de la vía y la eliminación de las restricciones de tonelaje podrían afectar parte de sus predios. También manifiesta preocupación por la seguridad de quienes transitan por el sector, debido a que el camino colinda con barrancos y con el río Quepe.
Desde la comunidad sostienen que cualquier decisión sobre las características y el uso de la vía debe considerar los derechos de las personas y familias involucradas, así como su participación en los procedimientos administrativos que puedan incidir en sus terrenos.
En ese contexto, la organización solicitó incorporarse al procedimiento de enrolamiento del camino para presentar formalmente su oposición y hacer valer sus antecedentes ante las autoridades correspondientes.
El objetivo, según lo expuesto, es evitar que se adopten decisiones sobre la vía sin considerar la posición de la comunidad y las posibles consecuencias territoriales y de seguridad.
Antecedentes ante Fiscalía y Contraloría
El abogado Reynier Campos puso los antecedentes a disposición de la Contraloría Regional para que revise las actuaciones relacionadas con el proceso. Asimismo, acudió a la Fiscalía para que determine si los hechos expuestos podrían revestir carácter de delito, incluyendo la eventual existencia de cohecho.
La presentación busca que sean los organismos competentes los que examinen los antecedentes y establezcan si corresponde adoptar medidas o iniciar diligencias adicionales.
Hasta ahora, según la información proporcionada, no existe una resolución que establezca la comisión de ilícitos. Por lo tanto, las referencias a un eventual delito corresponden a materias que deberán ser evaluadas por las instituciones competentes y no a hechos judicialmente acreditados.
La comunidad también recordó que Hermosilla habría presentado anteriormente dos recursos de protección vinculados con la construcción del proyecto de Agua Potable Rural (APR) Puente Quepe, acciones que, de acuerdo con los antecedentes entregados, fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones de Temuco.
Concejal llevará el caso al Concejo Municipal
La controversia también llegará al Concejo Municipal de Padre Las Casas. El concejal Miguel Santana anunció que expondrá la situación ante esa instancia, luego de las solicitudes formuladas por la comunidad para transparentar las gestiones realizadas y garantizar su participación en decisiones que podrían afectar sus terrenos.
La organización espera que la revisión institucional permita aclarar si existió un acuerdo con Vialidad, cuáles serían sus alcances y qué participación tuvieron las partes involucradas.
El caso abre interrogantes sobre el procedimiento de enrolamiento del camino, la representación de los intereses de la comunidad y las eventuales consecuencias de modificar las condiciones de uso de una vía que, según la organización indígena, se encuentra dentro de su título de merced.