Por Juan Pablo Catalán,
investigador de Educación UNAB.
Tras el Día del Profesor, queda una pregunta que los homenajes no resuelven: ¿qué estamos haciendo para que quienes enseñan puedan y quieran seguir haciéndolo? Reconocer su trabajo es necesario. Asegurar las condiciones para sostenerlo es una responsabilidad que dura todo el año.
Chile suele pedirle a la escuela que repare aquello que la sociedad rompe. Que enseñe a convivir donde crece la violencia, que forme pensamiento donde abundan respuestas automáticas y que abra oportunidades donde la desigualdad ya cerró puertas. Después, cuando esa tarea desborda el aula, señalamos al profesor: «No está preparado». ¿Cuánto de ese juicio revela una dificultad real y cuánto encubre nuestra falta de responsabilidad?
El informe Education at a Glance 2026, publicado por la OCDE en septiembre, aporta un antecedente que merece atención: en 2024, el 23,4% de los docentes de básica y media de establecimientos públicos chilenos no estaba plenamente calificado. El indicador se refiere al cumplimiento de los requisitos formales de cualificación; no mide directamente la calidad de su enseñanza. Convertirlo en sinónimo de incompetencia sería injusto. Restarle importancia también: cada estudiante merece un docente con formación pertinente para lo que enseña.
La pregunta incómoda es cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué decisiones permiten cubrir necesidades educativas sin asegurar la formación requerida? ¿Qué responsabilidad asumen las universidades, los sostenedores y el Estado? Una brecha de esta magnitud exige mirar toda la cadena, en lugar de descargar su peso sobre el último eslabón.
Los desafíos tampoco se detienen. La inteligencia artificial, la diversidad de las aulas y los problemas de convivencia demandan nuevas capacidades. Sin embargo, actualizar la enseñanza requiere algo más que pedir adaptación. Necesita formación, tiempo y apoyo. El compromiso profesional obliga al docente a revisar sus prácticas; la responsabilidad institucional obliga a hacer posible esa revisión.
Ahí la pedagogía resulta decisiva. Cuando una máquina entrega respuestas en segundos, enseñar implica ayudar a comprenderlas, cuestionarlas y reconocer sus límites. Dominar una disciplina es indispensable. Conseguir que otros aprendan exige, además, escuchar, evaluar y cambiar de camino cuando la enseñanza no alcanza a todos.
Por eso, debemos dejar de confundir desarrollo profesional con acumulación de certificados. Una capacitación merece valor por lo que ayuda a transformar en el aula. Del mismo modo, comenzar a enseñar no debería significar aprender en soledad. Los resultados de TALIS 2024, publicados por la OCDE en 2025, muestran que contar con un mentor se asocia con mayor satisfacción laboral entre docentes principiantes en distintos sistemas educativos y, en algunos, también con mayor bienestar. Acompañarlos debe ser una responsabilidad institucional, no una oportunidad que dependa de dónde les tocó comenzar.
También debemos preguntarnos qué condiciones ofrecemos para que permanezcan. La UNESCO, en su informe mundial sobre docentes de 2024, advierte que enfrentar la escasez exige atender la formación, el bienestar, las condiciones laborales y la retención. ¿De qué sirve atraer talento si después le ofrecemos razones para marcharse?
Una política capaz de responder a este desafío debe asegurar formación pertinente donde falta, mentorías para quienes comienzan y tiempo protegido para preparar clases, colaborar y mejorar la enseñanza. También debe hacerse cargo de las condiciones cotidianas del trabajo docente y rendir cuentas: ¿llega ese apoyo a las escuelas que más lo necesitan? ¿Pueden los profesores utilizarlo efectivamente?
La vocación no puede seguir siendo el recurso gratuito con que financiamos nuestras omisiones. Chile debe exigir buena enseñanza y comprometerse con las condiciones que la sostienen. Porque el derecho de un niño o una niña a aprender también depende de que un buen profesor tenga razones para quedarse.