La colectividad cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno de José Antonio Kast y exigió transparencia, explicaciones públicas y responsabilidades políticas. La controversia se originó tras conocerse que el Ministerio de Justicia concedió 56 reducciones de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores.
El Partido Liberal de La Araucanía manifestó su rechazo a las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en medio de la controversia política y judicial que enfrenta al Gobierno de José Antonio Kast por las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.
A través de una declaración pública, la colectividad cuestionó los beneficios concedidos y advirtió sobre el impacto que estas decisiones pueden tener en las víctimas y sus familias. Además, exigió transparencia respecto de los criterios utilizados y pidió explicaciones públicas por parte de las autoridades responsables.
La controversia tomó fuerza luego de que se conociera que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación, según antecedentes publicados por Interferencia y recogidos por otros medios nacionales.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones y sostuvo que la cartera actuó conforme a criterios que, según su interpretación, ha establecido la Corte Suprema. El argumento se relaciona con la aplicación de la reforma legal de 2022, que excluyó a condenados por determinados delitos sexuales contra menores de estos beneficios, y con la discusión jurídica sobre su aplicación a hechos anteriores a la entrada en vigencia de la norma.
Exigen explicaciones y responsabilidades políticas
En su pronunciamiento, el Partido Liberal de La Araucanía expresó su desacuerdo con las rebajas y puso el foco en la señal que, a su juicio, reciben las víctimas de estos delitos.
“¿Qué mensaje le entrega el Gobierno a una niña o un niño que sufrió abuso cuando el Estado reduce la condena de quien destruyó su infancia?”, cuestionó la colectividad en el documento.
La declaración también sostiene que la protección de la infancia debe traducirse en decisiones concretas y no limitarse a compromisos discursivos. En esa línea, el partido demandó que se transparenten los fundamentos de las resoluciones y que se determinen las responsabilidades políticas que correspondan.
“Las víctimas merecen protección, no decisiones que profundicen su dolor”, plantea el texto difundido por la colectividad regional.
El pronunciamiento se suma a las críticas que han surgido desde distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez. La controversia también llegó al Congreso, donde se han anunciado gestiones para interpelar al ministro de Justicia y revisar los criterios utilizados para conceder estos beneficios.
Una controversia que combina debate jurídico y cuestionamientos políticos
El caso también abrió una discusión sobre el alcance de la legislación vigente y el procedimiento mediante el cual se concedieron las reducciones de condena.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que los tribunales no pueden pronunciarse sobre decisiones específicas que no hayan sido sometidas a su conocimiento mediante los recursos correspondientes. Asimismo, atribuyó la dictación de los decretos al ministro de Justicia, dentro de las facultades legales de esa autoridad.
De esta manera, el debate no solo se concentra en la interpretación de la normativa sobre reducción de condenas, sino también en la actuación administrativa del Ejecutivo y en la necesidad de explicar los criterios aplicados en cada caso.
En su declaración, el Partido Liberal de La Araucanía adoptó una posición categórica frente a la medida y sostuvo que la gravedad de los delitos exige priorizar la protección de las víctimas.
“Quien vulnera sexualmente a un niño debe enfrentar la justicia con todo el rigor de la ley”, señala el documento.
El texto concluye con un llamado a las autoridades a responder por sus decisiones y reafirma la postura de la colectividad frente a la protección de niños, niñas y adolescentes: “La infancia no se negocia. El abuso sexual infantil no se relativiza. Y el poder político debe responder por sus decisiones”.
Fuente: Partido Liberal de La Araucanía.