La Corte de Apelaciones de Temuco dio curso a la acción judicial presentada por organizaciones sociales, dirigentes y vecinos contra la aprobación ambiental del proyecto de residuos domiciliarios en Lautaro. Los recurrentes advierten posibles riesgos para las fuentes de agua y la salud de familias rurales de Pintamahuida. El tribunal, sin embargo, rechazó suspender por ahora los efectos de la aprobación ambiental.
La Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible un recurso de protección presentado contra la aprobación ambiental del proyecto de tratamiento y disposición de residuos domiciliarios Pintamahuida, emplazado en la comuna de Lautaro. La acción judicial busca que se revisen los antecedentes relacionados con los posibles impactos sobre las fuentes de agua, el medioambiente y la salud de las familias rurales del sector.
El recurso es impulsado por la Federación Regionalista Verde de La Araucanía, la Agrupación Regional de Pacientes Renales Diálisis Verde, la Corporación Defendamos Temuco, la trabajadora social Claudia Navarrete, el sociólogo y exconcejal de Lautaro Gastón Muñoz, además de los recurrentes Víctor Ulloa y Pablo Sandoval.
En una resolución dictada el 28 de octubre de 2026, el tribunal ordenó a las entidades recurridas evacuar un informe dentro del plazo de ocho días y acompañar los antecedentes relacionados con la controversia. Entre las instituciones y partes recurridas figuran la Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la empresa Gestión Ecológica de Residuos S.A., titular del proyecto.
El escrito cuestiona la aprobación ambiental de la iniciativa y advierte sobre eventuales riesgos para los recursos hídricos y las comunidades cercanas. Entre los antecedentes presentados se señala que el proyecto estaría emplazado aproximadamente a 252 metros de un afluente del estero Boyeco.
La preocupación también considera la situación de familias rurales de Pichimahuida que dependen de pozos para abastecerse de agua. Según los recurrentes, eventuales filtraciones de lixiviados podrían afectar tanto las aguas superficiales como las subterráneas, con posibles consecuencias para el entorno y la calidad de vida de los habitantes.
“Nuestra preocupación es que se protejan el agua, la salud de las personas y la calidad de vida de las familias de Pintamahuida. No estamos hablando solamente de un proyecto, sino del derecho de las comunidades a vivir en un entorno seguro y de la obligación de prevenir posibles daños ambientales”, señalaron las organizaciones impulsoras.
Corte rechazó suspender la aprobación ambiental
Junto con declarar admisible el recurso, la Corte de Apelaciones resolvió no dar lugar a la Orden de No Innovar solicitada por los recurrentes. Esta decisión significa que, por ahora, la aprobación ambiental del proyecto Pintamahuida mantiene sus efectos mientras continúa la tramitación judicial.
La resolución de admisibilidad tampoco constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la evaluación ambiental ni sobre los cuestionamientos planteados por las organizaciones.
Frente a este escenario, los impulsores de la acción anunciaron que presentarán nuevos antecedentes ante el tribunal para reforzar los fundamentos de la solicitud de Orden de No Innovar y buscar que se suspendan los efectos de la aprobación ambiental mientras se resuelve el recurso.
Conflicto ambiental de Pintamahuida llega a tribunales
Las organizaciones y representantes sociales involucrados reafirmaron que continuarán desarrollando acciones judiciales y de seguimiento institucional para que se examinen los antecedentes del proyecto.
La controversia en torno a Pintamahuida mantiene la atención sobre los posibles efectos de la iniciativa en el territorio rural de Lautaro, particularmente respecto de la protección de las fuentes de agua, la salud de las comunidades y las condiciones ambientales del sector.
Con la admisión a trámite del recurso, el conflicto suma una nueva instancia institucional. Ahora, las entidades recurridas deberán entregar sus informes para que la Corte pueda analizar los argumentos presentados y avanzar en la resolución de la acción judicial.