El Ejecutivo de José Antonio Kast anunció una consulta indígena para 2027 con el objetivo de modificar aspectos de la legislación sobre tierras y propiedad. Sin embargo, en La Araucanía surgieron críticas por la falta de información y convocatorias a representantes mapuches en las reuniones preparatorias encabezadas por autoridades gubernamentales.
La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de impulsar durante 2027 una consulta indígena para modificar la Ley Indígena abrió un nuevo frente de controversia política en La Araucanía. Aunque el Ejecutivo plantea la necesidad de revisar aspectos de la legislación, particularmente aquellos relacionados con el uso de la propiedad y los mecanismos de compra de tierras, dirigentes mapuches cuestionan la forma en que se están desarrollando las primeras gestiones para abordar una reforma de esta magnitud.
La discusión trasciende el ámbito regional. La Ley Indígena constituye uno de los principales instrumentos jurídicos de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos originarios en Chile. Por ello, cualquier modificación de sus disposiciones, especialmente aquellas vinculadas con las tierras indígenas, tiene implicancias políticas, sociales y territoriales que exceden las atribuciones de una administración de turno.
En este escenario, las críticas apuntan a una contradicción entre el discurso oficial de diálogo y la participación efectiva de las organizaciones que podrían verse directamente afectadas por los cambios.
Reuniones del Gobierno abren interrogantes sobre la participación mapuche
El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, ha sostenido que el Gobierno está escuchando a los distintos sectores interesados en el proceso. Sin embargo, las gestiones encabezadas por el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, han incluido encuentros con alcaldes, representantes gremiales, fundaciones y autoridades universitarias, sin que exista claridad sobre la participación de organizaciones indígenas en esas instancias.
La situación ha generado inquietud entre dirigentes mapuches, quienes denuncian falta de información y ausencia de convocatorias a las reuniones preparatorias. El cuestionamiento apunta a la legitimidad de un proceso que pretende modificar una legislación directamente relacionada con los derechos territoriales de los pueblos originarios.
La controversia instala una pregunta política de fondo: ¿cómo puede el Ejecutivo construir una propuesta de modificación de la Ley Indígena sin asegurar desde sus primeras etapas la participación de las comunidades y sus representantes?
Enama exige transparentar los interlocutores del Ejecutivo
Desde la Corporación de Profesionales Mapuches (Enama), su presidente, Hugo Alcamán, exigió transparentar con qué organizaciones indígenas se ha reunido el Gobierno y cuáles han sido los criterios utilizados para establecer los espacios de diálogo.
La exigencia pone el foco en la representatividad de los interlocutores convocados por el Ejecutivo. No se trata únicamente de conocer quiénes participan de las reuniones, sino también de determinar si las organizaciones y comunidades directamente involucradas están teniendo acceso a información oportuna sobre los objetivos, alcances y eventuales modificaciones que se pretenden impulsar.
En una materia tan sensible como la propiedad de las tierras indígenas, la transparencia de las gestiones gubernamentales constituye un elemento central para evitar que el proceso termine convertido en una discusión entre autoridades y actores políticos o económicos, sin una participación efectiva de los pueblos originarios.
Una reforma que tendrá consecuencias más allá de La Araucanía
El anuncio de una consulta para 2027 abre un debate que inevitablemente tendrá alcance nacional. La legislación indígena no solamente regula mecanismos relacionados con la adquisición y protección de tierras, sino que forma parte de un marco de reconocimiento de derechos cuya discusión ha estado presente durante décadas en la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios.
Por eso, cualquier intento de modificarla deberá enfrentar un desafío que va más allá de la elaboración de una propuesta técnica: construir condiciones de confianza y participación que permitan sostener un proceso legítimo.
La controversia surgida en La Araucanía anticipa las dificultades políticas que podría enfrentar el Gobierno si las organizaciones mapuches perciben que las decisiones comienzan a prepararse sin su intervención.
Una consulta indígena no puede reducirse a una formalidad administrativa ni limitarse a convocatorias cuando las principales definiciones ya estén tomadas. Si el Ejecutivo pretende impulsar cambios en una legislación fundamental para los pueblos originarios, tendrá que demostrar que el diálogo anunciado también se traduce en participación real, transparencia y reconocimiento de sus representantes.