Informe revela inconsistencias en la administración del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE) y ordena la restitución de fondos al Estado.
La Contraloría Regional de La Araucanía detectó graves inconsistencias presupuestarias en la Universidad de La Frontera (UFRO), tras auditar el uso de los recursos provenientes del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE), correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024.
De acuerdo con el Informe Final N° 475 de 2025, la UFRO percibió recursos del Estado por un total superior a $27.417 millones. Sin embargo, al cierre del ejercicio presupuestario de 2024 solo se habían rendido $21.776 millones ante la Subsecretaría de Educación Superior, quedando pendientes de ejecución $5.641 millones.
Al revisar las cuentas corrientes habilitadas exclusivamente para el control financiero de estos fondos, la Contraloría constató un saldo disponible de apenas $1.302 millones, detectando así una falta de disponibilidad de recursos por más de $4.339 millones. Por esta razón, el ente fiscalizador ordenó a la casa de estudios reintegrar dicho monto a Rentas Generales de la Nación, debiendo acreditar la restitución en un plazo de 30 días hábiles.
Otras observaciones del informe
Entre los hallazgos más relevantes, el documento señala que durante los meses de junio, noviembre y diciembre de 2023, las rendiciones presentadas por la UFRO fueron observadas por la Subsecretaría de Educación debido a inconsistencias y falta de respaldo en los gastos rendidos. Además, se rechazaron otras rendiciones por déficits detectados en las conciliaciones bancarias.
El informe también reveló que, entre septiembre de 2023 y junio de 2024, se efectuaron traspasos de fondos por más de $5.650 millones desde las cuentas del AIUE para financiar remuneraciones del personal, lo que fue calificado como improcedente por el organismo fiscalizador.
Asimismo, la Contraloría dispuso el reintegro de otros $53 millones correspondientes a proyectos cuyos plazos de ejecución ya habían expirado —el 4 de febrero de 2024 y el 17 de febrero de 2025— sin que los fondos fueran utilizados.
Debido a la magnitud de las observaciones, el informe fue remitido al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Superintendencia de Educación, para que adopten las medidas administrativas y judiciales que correspondan.