En un operativo centrado en la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la Ley 21.325, la PDI detectó a siete ciudadanos venezolanos en situación irregular en Temuco, incluyendo un caso con medida de expulsión administrativa.
Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Temuco (DEMIG) realizaron un exhaustivo control de ciudadanos extranjeros en el sector céntrico de la capital regional. La fiscalización se enmarca dentro de los objetivos estratégicos de la PDI en seguridad ciudadana, orientados a la detección de personas en situación migratoria irregular, conforme a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería.
Durante el operativo, se controló a 11 ciudadanos de nacionalidad venezolana, de los cuales siete fueron denunciados a la autoridad administrativa por ingresar a territorio nacional por pasos no habilitados y permanecer en situación irregular.
Medida de expulsión y seguimiento legal
Además de las denuncias, la PDI notificó a un ciudadano venezolano con medida de expulsión administrativa, informándole sobre los plazos y procedimientos legales que rigen la acción. Este hecho refuerza la capacidad de la institución para dar cumplimiento a la normativa migratoria vigente, combinando control, prevención y sanción en un marco legal claro.
“El procedimiento no solo detecta irregularidades, sino que fortalece la presencia institucional de la PDI en materias migratorias, dando respuesta efectiva a los desafíos regionales y globales relacionados con la movilidad internacional y la seguridad local”, indicaron desde la corporación.
Rol estratégico de la PDI en migración
Este tipo de operaciones evidencia cómo la PDI consolida su rol como garante de la legalidad y la seguridad ciudadana, asegurando que los extranjeros cumplan con las normativas nacionales. Al mismo tiempo, permite articular acciones preventivas y sancionatorias, optimizando los recursos institucionales y dando seguimiento a los objetivos planteados para este año en materia de migración y extranjería.
Con estas acciones, la PDI reafirma su compromiso con la seguridad regional, la gestión legal de la migración y la protección de la comunidad local, demostrando que la vigilancia migratoria puede realizarse de manera coordinada, eficiente y respetando los derechos de las personas implicadas.