El gobernador René Saffirio confirmó que el Gobierno Regional inició un proceso administrativo para recuperar cerca de $8 mil millones entregados a más de 300 empresas que presentaron rendiciones irregulares de fondos de reactivación económica.


El gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, confirmó que el Gobierno Regional se encuentra en un “proceso primario” de cobranza administrativa contra más de 300 empresas que presentaron rendiciones irregulares de recursos públicos entregados entre 2022 y 2023.

Los fondos fueron asignados mediante programas de reactivación económica ejecutados por la Agencia de Desarrollo Regional de La Araucanía, destinados principalmente a iniciativas de infraestructura y apoyo productivo.

Reintegro administrativo de recursos públicos

Según explicó la autoridad regional, actualmente se busca recuperar los dineros a través de un requerimiento administrativo previo a acciones judiciales.

“El proceso en el que estamos es un proceso primario que tiene que ver con el requerimiento administrativo para la reintegración de los recursos, cuyas rendiciones fueron rechazadas en su momento”, afirmó Saffirio.

El gobernador agregó que varias empresas beneficiadas no habrían mostrado disposición a devolver los recursos, lo que podría obligar al Gobierno Regional a avanzar hacia tribunales.

Posible cobro judicial si empresas no restituyen fondos

Saffirio advirtió que, en caso de no obtener resultados en esta etapa, el siguiente paso será iniciar acciones legales.

“Si ese proceso no da resultado, tenemos que iniciar el cobro judicial. Los procesos judiciales demoran años y, al parecer, quienes recibieron los recursos no tienen mucho ánimo de restituir”, señaló.

El objetivo del Gobierno Regional es recuperar aproximadamente 8 mil millones de pesos entregados a las empresas beneficiarias del programa.

Investigación penal en curso

El caso ya es investigado por la Ministerio Público de Chile, luego de una denuncia presentada por el propio Gobierno Regional tras detectar irregularidades en la rendición de fondos.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, existen personas formalizadas por delitos como fraude de subvenciones y uso malicioso de instrumento privado, en una causa que continúa en desarrollo en La Araucanía.

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