El diputado José Montalva anunció acciones legales para resguardar prestaciones mínimas de salud en La Araucanía, tras recortes presupuestarios que afectarán hospitales, atención primaria y personal sanitario en la región.
El diputado del PPD por La Araucanía, José Montalva, anunció la evaluación de acciones legales para garantizar prestaciones mínimas de salud en la región, tras advertir que los recortes presupuestarios afectarían directamente la atención de pacientes.
El parlamentario afirmó que La Araucanía se encuentra entre las zonas más impactadas por las reducciones de recursos ministeriales, situación que —según indicó— podría aumentar las listas de espera y retrasar interconsultas médicas.
Hospitales regionales afectados por recortes
Entre los recintos asistenciales comprometidos figura el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, que dejará de percibir cerca de 1.475 millones de pesos.
Asimismo, el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, centro de referencia para comunidades mapuche de la zona costera, enfrentará una disminución presupuestaria estimada en 452 millones de pesos.
Según Montalva, estos ajustes impactarán directamente la capacidad de respuesta del sistema público de salud.
“La Araucanía es de las regiones más afectadas por el recorte de salud y en muchas comunas no existe alternativa al sistema público. Habrá más demora en interconsultas y listas de espera”, sostuvo.
Acciones legales para proteger garantías sanitarias
El legislador explicó que actualmente analiza la presentación de recursos judiciales para resguardar las prestaciones mínimas ya garantizadas a la población.
El objetivo —dijo— es evitar un deterioro mayor en la atención sanitaria regional, considerando que muchas comunas dependen exclusivamente del sistema público.
Impacto en Atención Primaria de Salud
El diputado también advirtió que la Atención Primaria de Salud (APS) registraría una reducción cercana a 625 millones de pesos en el Distrito 23.
A ello se sumaría un eventual recorte de personal, cuyo impacto presupuestario podría alcanzar los $2.984 millones, lo que —según el parlamentario— debilitaría la red asistencial y dejaría a miles de usuarios sin soluciones oportunas.