Documentos administrativos muestran que el actual postulante a la Fiscalía Regional del Biobío suscribió una nueva contratación directa con Suma Cuatro Consultores. La empresa ya había sido beneficiada previamente con dos contratos adjudicados sin licitación pública por más de $734 millones.
Mientras el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, aparece entre los principales postulantes para asumir la Fiscalía Regional del Biobío, nuevas interrogantes surgen respecto de una serie de millonarias contrataciones efectuadas por el Ministerio Público mediante trato directo.
De acuerdo con antecedentes publicados por el medio de investigación Interferencia, entre 2024 y 2026 el Ministerio Público adjudicó tres contratos consecutivos a la consultora Suma Cuatro Consultores Ltda., por un monto total de $829.425.000, todos relacionados con el desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica destinada a mejorar la atención de víctimas y testigos.
Lo llamativo es que una de las propietarias de la empresa corresponde a una funcionaria pública y que, pese a los elevados montos comprometidos, las contrataciones terminaron realizándose mediante la modalidad de trato directo.
Una licitación fallida abrió la puerta al primer contrato
Los antecedentes indican que durante 2024 la Fiscalía Nacional impulsó la contratación de una consultoría para desarrollar un nuevo modelo de contactabilidad para víctimas y testigos.
Inicialmente se optó por una licitación privada, a la cual fueron invitadas tres empresas.
Sin embargo, sólo Suma Cuatro Consultores presentó una oferta.
La propuesta fue declarada inadmisible debido a un error en la garantía de seriedad de la oferta, documento indispensable dentro del proceso licitatorio.
Paradójicamente, ese mismo escenario terminó derivando en un trato directo.
Según la documentación administrativa, al ser la única empresa que cumplía los requisitos técnicos y económicos, el Ministerio Público resolvió contratarla directamente por aproximadamente $65 millones.
Segundo contrato elevó el monto a más de $734 millones
Meses después, las unidades técnicas del Ministerio Público evaluaron positivamente el trabajo realizado por la consultora.
Con ese antecedente, la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica propuso continuar el desarrollo de la plataforma mediante una nueva contratación.
Esta vez el monto ascendía a $670 millones.
La contratación fue nuevamente autorizada mediante trato directo, invocándose la causal denominada «magnitud, confianza y seguridad», prevista en el reglamento interno del Ministerio Público.
No obstante, el mismo reglamento establece que la sola circunstancia de haber sido proveedor de la institución no constituye fundamento suficiente para utilizar esa causal y que la experiencia invocada no debe restringir la libre competencia entre oferentes.
Pese a ello, la experiencia previa de Suma Cuatro fue uno de los principales argumentos utilizados para justificar la adjudicación.
La resolución fue firmada por el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Roberto Garrido autorizó una ampliación por otros $95 millones
Cuando el proyecto aún se encontraba en ejecución, en febrero de 2026 se aprobó una ampliación contractual por $95.425.000.
La resolución fue suscrita por Roberto Garrido Bedwell, quien en ese momento ejercía como fiscal nacional subrogante.
El documento fundamenta la ampliación en la necesidad de asegurar la continuidad del servicio mientras el Ministerio Público definía el futuro modelo definitivo de atención para víctimas y testigos.
Con esa decisión, el monto total adjudicado a Suma Cuatro Consultores alcanzó los $829.425.000.
Empresa pertenece a funcionaria pública
Otro elemento que ha llamado la atención corresponde a la composición societaria de Suma Cuatro Consultores.
Según la investigación de Interferencia, la empresa fue constituida por Claudia Díaz Carvajal, funcionaria pública, junto con otra socia que también registra trayectoria en organismos estatales.
Interferencia señala que consultó al Ministerio Público sobre los criterios utilizados para justificar los tratos directos, la participación de una funcionaria pública en la propiedad de la empresa y la continuidad contractual.
Al cierre de esa publicación, no existía respuesta oficial.
Querella contra Garrido incorpora otro antecedente
Las contrataciones conocidas ahora se suman a otro episodio que ya había situado al fiscal regional en el centro del debate público.
Una querella presentada por el exdiputado Mauricio Ojeda sostiene que, en abril de 2023, Roberto Garrido habría solicitado una reunión con el entonces gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, para plantear el financiamiento de un software destinado a fortalecer la persecución penal.
De acuerdo con el relato contenido en esa acción judicial, la propuesta contemplaba que el Gobierno Regional financiara directamente la adquisición de un software de la Fundación Paz Ciudadana por aproximadamente $180 millones.
Las afirmaciones forman parte de una querella y deberán ser esclarecidas dentro de los procedimientos judiciales correspondientes. Hasta la fecha no existe una resolución judicial definitiva sobre esos hechos.
Persisten cuestionamientos por millonarios proyectos tecnológicos
Las nuevas revelaciones también reabren el debate respecto de las inversiones tecnológicas efectuadas por el Ministerio Público durante los últimos años.
Entre ellas figura el proyecto Red de Gestión Penal (RGP), iniciativa informática cuyo desarrollo implicó una inversión superior a $7 mil millones y cuyo funcionamiento ha sido objeto de cuestionamientos públicos.
Mientras continúan las investigaciones y revisiones sobre distintos proyectos tecnológicos, Roberto Garrido mantiene su postulación para convertirse en el próximo fiscal regional del Biobío, en un proceso que continúa bajo la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia.