Por Ignacio Espinoza, abogado
Los recientes avances y modificaciones a la Ley de Drogas son un paso importante del Estado para combatir el narcotráfico y proteger nuestra salud de sustancias letales. Pero en medio de este necesario control, las autoridades y la ciudadanía deben recordar que el concepto «droga» tiene matices legales y sanitarios insoslayables.
Mientras el Estado avanza firme contra el mercado ilegal y las sustancias adulteradas, también es justo destacar que en Chile coexiste un modelo legítimo, compasivo y amparado por el ordenamiento jurídico: el de los tratamientos con cannabis medicinal.
Es fundamental que como sociedad sepamos distinguir. Por un lado, está el necesario e impostergable combate a las redes criminales que dañan el tejido social; por otro, el derecho fundamental de miles de pacientes a acceder a terapias legítimas, amparadas en la ley y acompañadas por profesionales de la salud. Hoy, el uso médico del cannabis cuenta con un marco que permite su prescripción seria, alejándose de la clandestinidad y dándole la dignidad que todo tratamiento de salud merece.
El éxito de una política pública moderna radica, precisamente, en su capacidad de discernir. Tan importante es destruir lo que intoxica y destruye barrios, como proteger y validar aquello que, bajo prescripción médica, trazabilidad estricta y sin combustión, alivia el dolor y mejora la calidad de vida de las personas.
Que estas nuevas herramientas legales sirvan para limpiar nuestras calles del tráfico, pero que no nos hagan olvidar que, en el ámbito de la salud, también hemos avanzado hacia un país más compasivo y basado en la evidencia científica.