Por Viviana Díaz Carvallo
El jueves 13 de agosto de 2026, el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica fue publicado en el Diario Oficial. Por primera vez en la historia de Chile, un cuerpo de agua tiene un instrumento de estas características. Es un hito que merece ser nombrado con claridad; es una victoria ciudadana, científica e institucional que tardó demasiado en llegar.
El Lago Villarrica acumula décadas de presión silenciosa. Pisciculturas descargando fósforo sin control real. Urbanización que avanzó más rápido que la regulación. Miles de viviendas rurales sin saneamiento básico. Aguas servidas que llegaron al lago porque nadie construyó a tiempo las plantas de tratamiento. No fue un accidente, fue el resultado de decisiones postergadas, de intereses que pesaron más que el ecosistema, de instrumentos que existían en el papel, pero no en la práctica. Por eso este plan no es solo técnico. Es político. Es la señal de que el Estado reconoce una deuda.
El plan contempla 71 artículos, una inversión estimada de 56 millones de dólares y un horizonte de 15 años para reducir al menos 67,4 toneladas anuales de fósforo. Sus cinco medidas de mayor impacto son concretas y necesarias, norma de emisión para pisciculturas, plantas de tratamiento de aguas servidas, reforestación con especies nativas, conexión al alcantarillado y soluciones sanitarias rurales para más de mil viviendas. El cronograma es escalonado y medible.
Todo eso es auspicioso. Pero hay un dato que no podemos ignorar; el 66,45% del financiamiento recae en privados. Es decir, en gran parte en las mismas industrias que hoy contribuyen a la contaminación del lago. La pregunta no es si ese modelo es viable en teoría es si existe la voluntad y la capacidad institucional para garantizar que esos aportes se concreten, y que la fiscalización no sea un trámite sino una práctica real y sostenida.
Los alcaldes de Villarrica, Pucón y Curarrehue lo dijeron con claridad en la ceremonia de entrada en vigencia; el plan necesita recursos concretos, no solo un marco normativo. Necesita que la planta de tratamiento de Curarrehue deje de ser un compromiso verbal y se convierta en obra. Necesita que la discusión presupuestaria de este año incluya inversión real en infraestructura sanitaria para las comunas de la cuenca. Quienes llevamos años trabajando por el cuidado de la naturaleza y el bienestar de la ciudadanía seguiremos fiscalizando que cada etapa se ejecute. Porque un instrumento sin seguimiento legislativo, sin fiscalización efectiva y sin presupuesto es solo buena intención escrita.
El Lago Villarrica es patrimonio de La Araucanía y un precedente nacional. Hoy tiene, por fin, un plan. Lo que viene ahora es más difícil y más importante; que ese plan se cumpla, que las instituciones estén a la altura, y que quienes contaminaron asuman su responsabilidad económica y ambiental. La deuda histórica con el lago no se salda con la firma. Se salda con hechos.