El Juzgado de Letras de Pucón acogió una demanda de tutela laboral presentada por cinco exfuncionarios desvinculados a fines de 2024. La sentencia estableció una vulneración de derechos fundamentales y fijó una indemnización superior a los $63 millones. El municipio puede recurrir del fallo.
Más de $63 millones deberá pagar la Municipalidad de Pucón a cinco trabajadores desvinculados a fines de 2024, luego de que el Juzgado de Letras de Pucón acogiera una demanda de tutela laboral y estableciera la existencia de una vulneración de derechos fundamentales.
La sentencia fue notificada el 27 de agosto, después de aproximadamente un año y medio de tramitación judicial. Los trabajadores habían recurrido a los tribunales tras el término de sus vínculos laborales, pese a que, según su representación judicial, sus contratos habían sido renovados previamente para el período 2025.
Los cinco funcionarios contaban con más de una década de trayectoria en el municipio y atravesaron distintas administraciones comunales antes de ser desvinculados.
Trabajadores cuestionaron el término de sus contratos
El abogado que representa a los trabajadores, Yerko Scheihing, explicó que los contratos habían sido renovados para 2025, pero que posteriormente la nueva administración municipal dejó sin efecto esas renovaciones y puso término a sus funciones.
Según el profesional, los trabajadores no habrían recibido una explicación suficiente respecto de las razones que motivaron sus desvinculaciones.
“Son personas mayores la mayoría, entonces comprenderás que, después de tantos años trabajando para la municipalidad, esto significó para ellos un golpe superfuerte”, señaló Scheihing.
El abogado agregó que sus representados habían pasado por distintas administraciones municipales y que, a su juicio, el término de sus funciones tuvo un impacto especialmente complejo debido a sus edades y trayectoria laboral.
De acuerdo con lo expuesto durante el proceso, además, los trabajadores habrían presentado afectaciones psicológicas que fueron incorporadas como antecedentes en la causa.
Más de $63 millones en indemnizaciones
El fallo acogió la acción de tutela laboral presentada por los cinco exfuncionarios y condenó al municipio al pago de una suma total superior a $63 millones.
La tutela laboral es un mecanismo judicial que permite reclamar cuando durante una relación laboral o con ocasión de su término se consideran vulnerados derechos fundamentales de los trabajadores.
La sentencia representa un revés judicial para la Municipalidad de Pucón, aunque todavía existe la posibilidad de que el fallo sea impugnado.
Tanto el municipio como los trabajadores cuentan con un plazo de 10 días hábiles para evaluar la eventual presentación de un recurso de nulidad.
No buscan regresar al municipio
Pese a que inicialmente la reincorporación fue considerada como una alternativa, los cinco trabajadores no han manifestado hasta ahora intención de volver a desempeñarse en la Municipalidad de Pucón.
Según su abogado, la posibilidad había sido evaluada principalmente debido a las dificultades que enfrentaban para encontrar nuevas fuentes laborales, particularmente por tratarse, en su mayoría, de personas mayores.
La resolución judicial abre ahora una nueva etapa, en la que las partes deberán definir si recurrirán ante los tribunales superiores para intentar modificar o confirmar lo resuelto por el Juzgado de Letras de Pucón.
Otros trabajadores también acudieron a tribunales
El caso podría no terminar con estos cinco trabajadores.
De acuerdo con lo señalado por el abogado Yerko Scheihing, otros funcionarios desvinculados durante el mismo período también habrían recurrido a la justicia para cuestionar sus términos de contrato.
Estos procesos podrían generar nuevos antecedentes respecto de las desvinculaciones realizadas durante el período señalado.
Consultada por el fallo y sus alcances, la Municipalidad de Pucón, a través de su equipo de comunicaciones, informó que no se referirá al tema.
La sentencia notificada el 27 de agosto marca así un precedente judicial para los cinco trabajadores involucrados, mientras queda pendiente conocer si alguna de las partes recurrirá de nulidad dentro del plazo establecido por la ley.