Padres, apoderados y profesores de Temuco acudieron a la justicia penal y denuncian que documentos y registros presuntamente adulterados habrían sido utilizados para obtener recursos públicos destinados a la educación.
Padres, apoderados y profesores de una comunidad educativa de Temuco recurrieron a la justicia penal y denunciaron que documentos y registros presuntamente adulterados habrían sido utilizados en un juicio laboral para obtener recursos públicos destinados al funcionamiento del establecimiento, materiales pedagógicos y remuneraciones docentes.
Una controversia originada en un juicio laboral terminó poniendo bajo la lupa más de $50 millones provenientes de subvenciones escolares destinadas a una comunidad educativa de Temuco.
Padres, apoderados y profesores presentaron una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Temuco, luego de que recursos asociados al funcionamiento del establecimiento fueran embargados y retirados en el marco de la ejecución de una causa laboral.
La acción penal apunta a determinar si antecedentes presuntamente falsificados o alterados fueron utilizados dentro del proceso judicial y si estos tuvieron incidencia en la obtención de recursos públicos destinados a la educación.
El caso se origina en la causa RIT O-28-2023, tramitada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en la que una exdocente habría presentado como prueba un anexo de contrato cuya firma atribuida al representante legal del establecimiento fue cuestionada.
Según los antecedentes incorporados a la denuncia, un peritaje caligráfico judicial habría concluido que la firma cuestionada no correspondería al representante legal del establecimiento.
A esta situación se suma otra denuncia relacionada con registros audiovisuales de libros de clases. La comunidad educativa sostiene que estos registros habrían sido alterados y utilizados para acreditar la realización de determinadas materias que, según su versión, no habrían sido impartidas.
La ruta de los recursos
El punto que ahora busca esclarecer la justicia penal es cómo antecedentes cuestionados dentro de un juicio laboral pudieron terminar vinculados a la afectación de recursos provenientes de subvenciones escolares.
De acuerdo con la querella, luego de las actuaciones desarrolladas en la causa laboral se produjo una ejecución que permitió embargar y retirar más de $50 millones desde cuentas asociadas a recursos provenientes de subvenciones del Ministerio de Educación.
La comunidad sostiene que estos fondos tenían un destino específico y estaban destinados a cubrir necesidades vinculadas con el funcionamiento del establecimiento, adquisición de materiales e insumos pedagógicos y remuneraciones de trabajadores de la educación.
Por ello, los querellantes plantean que el caso excede un conflicto laboral entre una exdocente y el establecimiento, debido a que los recursos afectados tendrían origen público y un destino legalmente determinado.
“Se utilizó la justicia laboral para afectar recursos destinados a la educación”
El abogado querellante, Juan Pablo Jaramillo, calificó los antecedentes como graves y sostuvo que la situación debe ser investigada desde una perspectiva que considere el origen público de los recursos involucrados.
“Aquí no estamos frente a un simple conflicto laboral. Lo que estamos denunciando es que se habría utilizado la justicia laboral para terminar afectando recursos públicos que la ley destina exclusivamente a la educación. Son fondos que deben financiar el funcionamiento del establecimiento, los materiales de nuestros estudiantes y las remuneraciones de los profesores. Si alguien obtiene esos recursos mediante antecedentes falsos, estamos frente a una situación que debe ser investigada con toda la profundidad y rigor que corresponde”, afirmó.
El abogado agregó que la acción penal busca establecer cómo se generaron, presentaron y utilizaron los antecedentes cuestionados dentro del proceso judicial.
“Nuestra obligación es defender los recursos destinados a los niños y niñas y buscar que estos fondos sean restituidos. La investigación penal tendrá que determinar las responsabilidades, pero existen antecedentes suficientemente graves como para que la justicia investigue cómo se generó, presentó y utilizó esta evidencia dentro del proceso judicial”, sostuvo Jaramillo.
Querella apunta a dos personas
La acción judicial fue presentada contra la exdocente Benedicta Valeska Martínez Carvallo y el abogado Carlos Canales Cáceres.
La querella solicita investigar eventuales responsabilidades por los delitos que individualiza como uso malicioso de instrumento privado falso, presentación de prueba falsa en juicio y estafa procesal.
Se trata, por ahora, de imputaciones contenidas en una acción penal y no de delitos cuya responsabilidad haya sido establecida judicialmente. Será la investigación del Ministerio Público y las posteriores actuaciones de los tribunales las que deberán determinar si existieron conductas delictivas y eventuales responsables.
La comunidad educativa también solicitó medidas cautelares reales sobre bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de los querellados, hasta por un monto de $50 millones, con el objetivo de resguardar una eventual restitución de los recursos cuestionados.
La ruta del dinero público
Uno de los elementos centrales que busca esclarecer la querella es precisamente el destino y naturaleza de los recursos afectados.
Los querellantes sostienen que se trata de fondos provenientes de subvenciones estatales y que, por su naturaleza, estaban destinados a financiar necesidades propias del establecimiento educacional.
Desde esa perspectiva, el caso abre una interrogante que trasciende el conflicto entre las partes involucradas en el juicio laboral: cómo recursos públicos destinados a la educación pudieron terminar siendo objeto de una ejecución judicial y qué mecanismos permitieron que aquello ocurriera.
La comunidad anunció además que pondrá los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, considerando el origen estatal de los recursos involucrados.
Ahora será la justicia penal la que deberá reconstruir la ruta de los antecedentes utilizados en el juicio laboral, establecer si alguno de ellos fue falsificado o alterado y determinar si existió una relación entre esas pruebas y la obtención de los recursos posteriormente embargados.
Mientras avanza la acción penal, padres, apoderados y profesores sostienen que el foco debe estar puesto en la protección de los recursos destinados a los estudiantes y en el esclarecimiento de cualquier eventual irregularidad.
Porque detrás de los más de $50 millones cuestionados no solo existe una disputa judicial: está en juego el destino de recursos públicos destinados a sostener una comunidad educativa.