El Informe Final N.º 633 identificó 35 órdenes de compra con proveedores vinculados a funcionarios del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía. La fiscalización también detectó establecimientos sin permisos municipales, cocinas sin autorización sanitaria y deficiencias de infraestructura que podrían comprometer la seguridad de las comunidades educativas.
Un informe de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en contrataciones públicas y una serie de deficiencias en la infraestructura de establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía (SLEPCA).
El Informe Final N.º 633, emitido el 29 de septiembre de 2026, identificó 35 órdenes de compra por un total de $73.205.051, asociadas a proveedores que mantenían vínculos con funcionarios del organismo. La fiscalización también constató problemas relacionados con permisos municipales, autorizaciones sanitarias y condiciones de seguridad en recintos educacionales de la zona.
A partir de estos hallazgos, el organismo fiscalizador instruyó el inicio de procedimientos disciplinarios y exigió medidas correctivas para abordar las observaciones detectadas.
Contrataciones por más de $73 millones bajo observación
En materia de compras públicas, Contraloría identificó cinco órdenes de compra por $6.261.987 adjudicadas a proveedores con vínculos directos con funcionarios del SLEP Costa Araucanía.
A estas operaciones se suman otras 30 órdenes de compra, por un total de $66.943.064, correspondientes a cinco proveedores que mantenían relaciones de parentesco con trabajadores del servicio.
En conjunto, las operaciones observadas alcanzan los $73.205.051 y plantean cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas que regulan las contrataciones de organismos públicos con funcionarios, familiares y entidades relacionadas.
Frente a estos antecedentes, Contraloría ordenó iniciar procedimientos disciplinarios para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Asimismo, instruyó implementar controles que permitan verificar las inhabilidades de los proveedores y prevenir nuevas contrataciones que contravengan la normativa vigente.
Escuelas sin permisos municipales y cocinas sin autorización sanitaria
La fiscalización también detectó deficiencias administrativas que afectan el funcionamiento de establecimientos educacionales.
Según el informe, cinco establecimientos y un recinto adicional de la Escuela El Crucero operaban sin los correspondientes permisos de edificación ni certificados de recepción definitiva municipal.
La falta de estos documentos impide acreditar formalmente que las construcciones cumplen con las condiciones exigibles en materias como estabilidad estructural, instalaciones eléctricas y de gas, vías de evacuación, accesibilidad y protección contra incendios.
Además, siete establecimientos mantenían servicios de preparación y entrega de alimentos sin contar con la autorización sanitaria correspondiente.
Ante estas observaciones, Contraloría exigió al SLEP Costa Araucanía presentar planes de regularización que incluyan responsables, actividades y plazos concretos para subsanar las deficiencias.
Goteras, fallas eléctricas y problemas de seguridad
Otro de los aspectos relevantes de la auditoría corresponde al estado de la infraestructura escolar. Entre las situaciones identificadas figuran goteras, filtraciones, baños deteriorados, problemas en instalaciones eléctricas, cierres perimetrales dañados y dificultades de accesibilidad para estudiantes con discapacidad.
El informe también consignó problemas relacionados con la circulación dentro de los recintos, como la falta de separación entre el tránsito de estudiantes y vehículos, daños en escaleras e iluminación insuficiente en salas de clases.
A estas observaciones se suma la ausencia de mantenciones preventivas en el ascensor de la Escuela Especial Arcoíris de Carahue.
Las deficiencias detectadas generan preocupación por las condiciones en que estudiantes, docentes y asistentes de la educación desarrollan sus actividades. La fiscalización plantea la necesidad de adoptar medidas para mejorar la conservación de los recintos y reforzar la supervisión de su infraestructura.
Contraloría exige medidas correctivas al SLEP Costa Araucanía
El informe cuestiona tanto los mecanismos de control de las contrataciones públicas como la gestión de conservación y mantenimiento de los establecimientos educacionales.
En materia de compras, el servicio deberá establecer procedimientos permanentes para verificar las inhabilidades de los proveedores y detectar posibles vínculos con sus funcionarios. También tendrá que acreditar la implementación de las medidas correctivas dentro de los plazos establecidos por el organismo fiscalizador.
En paralelo, deberá avanzar en la regularización de los establecimientos observados y abordar las deficiencias relacionadas con la infraestructura, la seguridad y las autorizaciones sanitarias.
Los antecedentes abren un nuevo foco de atención sobre la administración de la educación pública en Costa Araucanía, al reunir observaciones sobre el uso de recursos públicos y las condiciones materiales en que funcionan los recintos escolares.
El siguiente paso corresponderá al SLEP Costa Araucanía, que deberá responder a las observaciones, acreditar las medidas correctivas y desarrollar los procedimientos destinados a determinar eventuales responsabilidades administrativas.