El actual jefe de Administración y Finanzas del DAEM de Pucón enfrenta dos imputaciones formuladas por el Consejo de Defensa del Estado por convenios suscritos durante su paso por el Gobierno Regional de La Araucanía. La acción judicial también incluye al exgobernador Luciano Rivas y a otras personas vinculadas a la causa.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió su querella en el denominado Caso Fundaciones e incluyó entre los nuevos querellados a Iván Soriano, actual jefe de Administración y Finanzas del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Pucón, por su presunta responsabilidad en dos delitos de fraude al fisco relacionados con la entrega de recursos públicos durante su desempeño en el Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía.
La acción judicial, presentada ante el Juzgado de Garantía de Temuco, también incluye al exgobernador regional Luciano Rivas y a otras personas vinculadas a los convenios suscritos con la Fundación Local.
La incorporación de Soriano vuelve a situar bajo escrutinio judicial a un funcionario que actualmente se desempeña en la administración municipal encabezada por el alcalde Sebastián Álvarez. Las imputaciones se refieren a decisiones adoptadas cuando trabajaba en el área de Finanzas del GORE y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
Los dos convenios cuestionados por el CDE
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella, una de las imputaciones contra Soriano se relaciona con el programa “Producción y sostenibilidad unidades AFC dirigidas por mujeres de La Araucanía”.
En este caso, el organismo cuestiona la entrega de recursos por más de $330 millones sin contar, según la acción judicial, con garantías suficientes para resguardar los fondos públicos comprometidos.
La segunda imputación corresponde al programa “Implementación piloto tecnológico fortalecimiento oferta turística Curarrehue”. En este convenio, la querella cuestiona la transferencia de aproximadamente $291 millones en una sola cuota y sin garantías que, a juicio del CDE, fueran suficientes.
Ambos casos se vinculan con recursos entregados a través de convenios entre el Gobierno Regional y la Fundación Local. La investigación busca establecer las eventuales responsabilidades penales de quienes participaron en la aprobación, transferencia y administración de estos fondos.
Convenios por más de $9 mil millones
Según los antecedentes de la causa, entre 2022 y 2023 el Gobierno Regional de La Araucanía suscribió diez convenios con la Fundación Local por un monto superior a los $9 mil millones.
De ese total, se habrían transferido poco más de $2.100 millones correspondientes a cinco convenios y una parte de otro. Los pagos se realizaron en una sola cuota, sin ejecución previa de los proyectos y con letras de cambio como garantía, según los antecedentes expuestos en la acción judicial.
En 2024 se reintegraron $55.132.771, mientras que permanecían $2.057.967.229 pendientes de justificación, de acuerdo con las cifras consignadas en los antecedentes proporcionados.
La ampliación de la querella se suma a una causa en la que ya existen personas formalizadas. La presentación del CDE busca perseguir las eventuales responsabilidades penales que el organismo atribuye a otros involucrados.
Antecedentes previos en otras investigaciones
La situación judicial de Soriano también registra antecedentes en otras aristas relacionadas con el Caso Convenios.
En la denominada Arista Manicure, el funcionario fue mencionado inicialmente en actuaciones del CDE. Sin embargo, según antecedentes publicados sobre esa causa, la Fiscalía decidió llevarlo en calidad de testigo al juicio, descartando su participación como imputado en esa etapa procesal.
Además, Soriano figura en una querella presentada por el actual gobernador regional, René Saffirio, relacionada con contrataciones de las agencias Ananda y Rebaño por más de $209 millones. Los servicios cuestionados estaban vinculados a la valoración de la figura pública y a la estrategia electoral del exgobernador Luciano Rivas. Según los antecedentes disponibles, esa acción judicial continuaba en tramitación.
Caso Sobresueldos: el otro foco de cuestionamientos en Pucón
En el ámbito municipal, Soriano también ha sido mencionado en el denominado Caso Sobresueldos, relacionado con pagos a honorarios observados por la Contraloría General de la República.
Según los antecedentes difundidos sobre esa revisión, el organismo contralor cuestionó remuneraciones que, en conjunto, superaron los $55 millones y beneficiaron a tres funcionarios a honorarios, entre ellos Soriano.
Posteriormente, un sumario administrativo instruido por el municipio constató graves irregularidades, pero no aplicó sanciones a los asesores involucrados debido a que no estaban sujetos al estatuto administrativo aplicable a funcionarios de planta y a contrata.
Tras conocerse el resultado, Soriano sostuvo públicamente que el sumario respaldaba su inocencia y anunció acciones legales para buscar una reparación por el daño que, según afirmó, se había causado a su honra.
No obstante, la ausencia de sanciones disciplinarias en ese procedimiento no equivale necesariamente a una declaración judicial de inocencia ni resuelve las imputaciones planteadas en otras causas.
Una causa que mantiene bajo revisión el uso de recursos públicos
La ampliación de la querella del CDE vuelve a poner el foco en los mecanismos de asignación, transferencia y control de recursos públicos del Gobierno Regional de La Araucanía durante la administración anterior.
En el caso de Iván Soriano, las imputaciones se concentran en dos convenios específicos y en las condiciones bajo las cuales se habrían entregado los fondos a la Fundación Local. El desarrollo de la investigación deberá establecer si existen antecedentes suficientes para atribuir responsabilidades penales.
Por ahora, las imputaciones deben entenderse como parte de una acción judicial en curso y no como una condena. La determinación de eventuales responsabilidades corresponde a los tribunales de justicia.