La región acumula 38.101 inscripciones desde la entrada en vigencia de la Ley 21.389. Cerca del 95% de los registros vigentes corresponden a hombres, mientras que el Juzgado de Familia de Temuco concentra la mayor cantidad de casos, con 7.271 inscripciones.
Un total de 18.697 inscripciones vigentes registra La Araucanía en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cifra que refleja la magnitud del incumplimiento de las obligaciones alimentarias en la región y la importancia de los mecanismos legales destinados a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con los antecedentes regionales, desde la implementación de la Ley 21.389 se contabilizan 38.101 inscripciones. De ese total, 19.404 han sido canceladas, mientras que otras 18.697 permanecen vigentes.
Las cifras también muestran una marcada diferencia por sexo. Del total de registros vigentes, 17.734 corresponden a hombres, equivalentes a cerca del 95%. En tanto, 899 inscripciones corresponden a mujeres y 64 a personas de otro sexo.
Temuco concentra la mayor cantidad de deudores registrados
La distribución territorial evidencia una importante concentración de inscripciones en los tribunales de la región.
El Juzgado de Familia de Temuco encabeza el listado con 7.271 registros vigentes. Le siguen el Juzgado de Familia de Angol, con 1.673; el Juzgado de Letras de Villarrica, con 1.630; y el Juzgado de Letras de Lautaro, con 1.167 inscripciones.
Frente a estos antecedentes, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de La Araucanía, Stephanie Caminondo, destacó la importancia de esta herramienta para enfrentar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La autoridad sostuvo que el pago de las pensiones no constituye una opción, sino una obligación legal y una responsabilidad fundamental con los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, señaló que el registro permite establecer consecuencias concretas para quienes incumplen sus deberes y fortalecer la protección de sus derechos.
Qué establece la Ley 21.389 y cuándo se incorpora a un deudor
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos fue creado mediante la Ley 21.389 y es administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
La incorporación se realiza por orden del tribunal competente cuando se cumplen las condiciones legales: mantener tres mensualidades consecutivas impagas o cinco discontinuas, correspondientes a una pensión de alimentos provisoria o definitiva.
Una vez inscrita la persona, se activan distintos mecanismos destinados a incentivar el pago y facilitar el cobro de las obligaciones pendientes.
Entre las medidas contempladas se encuentran las retenciones de dinero en determinadas operaciones financieras, la retención de devoluciones de impuestos y las restricciones para realizar ciertos trámites relacionados con vehículos e inmuebles cuando no se cumplen las condiciones legales para acreditar el pago de la deuda.
También existen mecanismos de retención de remuneraciones e indemnizaciones, además de restricciones para acceder a determinados cargos y beneficios públicos, conforme a las disposiciones de la legislación vigente.
El impacto del incumplimiento en las familias
La seremi Stephanie Caminondo advirtió que detrás de cada pensión impaga existen familias que deben enfrentar dificultades económicas y asumir responsabilidades que deberían ser compartidas.
En ese contexto, destacó la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos institucionales que permitan avanzar hacia una mayor corresponsabilidad parental y asegurar que los recursos destinados a la manutención de niños, niñas y adolescentes lleguen efectivamente a sus beneficiarios.
Las cifras regionales vuelven a poner en evidencia la dimensión de un problema que trasciende el ámbito judicial y tiene consecuencias directas en la estabilidad económica y el bienestar de miles de familias.
Desde la Seremi de Justicia y Derechos Humanos reiteraron que el Registro Nacional de Deudores constituye una herramienta para exigir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y reforzar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.